Guantánamo, en el banquillo

El Tribunal Supremo estadounidense ha dado un aldabonazo a ese limbo jurídico que es Guantánamo. En efecto, la Corte Suprema de EEUU ha votado a favor de reconocer los derechos de los prisioneros retenidos en la base caribeña a acudir a tribunales federales por su larga detención. Si bien ajustado -cinco votos contra cuatro-, el resultado es una buena noticia para los derechos humanos. Y también, por qué no decirlo, para el derecho, pues la resolución de los 9 miembros del Supremo pone coto a un tremendo disparate jurídico. Y es que no es de recibo que, en un recinto donde impera la ley norteamericana, tal ley no sea de aplicación erga omnes. Sería el mismo hipotético caso de reos de terrorismo presos en cárceles españolas, pero sin los mismos derechos procesales de los españoles. Por muy terrorista que se sea, prima la condición de persona por encima de cualquier consideración.

Dicho lo cual, hay que añadir que tal cosa ha sido posible porque Estados Unidos es una democracia donde la separación de poderes funciona. Había un fallo, y tal fallo ha sido subsanado. La comparación con otros casos más cercanos es enojosa pero inevitable. Es un hecho que, tras los ataques del 11 de septiembre, el mundo no volvió a ser el mismo. Una de las cosas que cambiaron fue el concepto de lucha antiterrorista, más global y con otra serie de variables que antes ni se contemplaban. La principal, Al-Qaeda y su entramado, tan difícil de combatir. Es el nuevo enemigo. Pero el que un terrorista fanático, sea de la nacionalidad que sea -los detenidos en Guantánamo tienen orígenes muy diversos-, haga del mundo su particular campo de batalla, no justifica determinadas actuaciones. Menos aún, que se le prive de sus derechos fundamentales. Un Estado de Derecho no puede permitirse sostener conductas que impliquen vulneración de derechos humanos; sería tanto como bajar al terreno del delincuente, y por ende, ponerse en su mismo plano. Por tanto, si los presos de Guantánamo han cometido actos de terrorismo, que se les juzgue sin menoscabo de uno solo de sus derechos procesales. Y sólo entonces, si son encontrados culpables, que cumplan la pena que les fuere impuesta. Pero nunca, desde luego, antes de un juicio con todas las garantías posibles. No hay mayor victoria que la aplicación de una ley justa. Como dijera Tito Livio, “el derecho es siempre más fuerte que la sinrazón”.