No hay crisis para el empleo público

El Boletín Estadístico de personal revela que las Administraciones Públicas han reducido su personal, teniendo en cuenta tanto a los funcionarios como al personal contratado, en 166.557 trabajadores desde 2011. Para hacernos a la idea de si esta caída en el empleo público es o no relevante, empecemos por decir que es una caída del 6,2 por ciento en estos cuatro años. Es decir, que en este período se ha amortizado un empleo público de cada 16 que había a finales de 2011. No parece un cambio muy significativo.

Y menos cuando nos fijamos en que si bien es cierto que los recortes empezaron en el 2011, la crisis es muy anterior. De hecho, si hacemos estos cálculos desde el comienzo del grave deterioro económico que ha padecido España, resulta que las Administraciones Públicas, en sus diferentes ramas, emplean a comienzos de este año a más gente que al arrancar 2007. Por contraste, desde 2007 el empleo en el sector privado ha caído en 2,2 millones puestos de trabajo, un desplome del 15,5 por ciento.

Tanto la oposición como el propio gobierno tratan la reciente caída en el empleo público como una mala noticia, como si la función de las Administraciones fuera crear empleos públicos, independientemente de su coste y del valor de la función que cumplen, y no poner las condiciones para un mejor empleo privado, que es el que suma riqueza al país. Nadie, de hecho, habla en esos términos razonables: qué empleos públicos es necesario aumentar y cuáles hay que amortizar, y cuáles son los criterios para tomar esas decisiones. Cómo debe responder el empleo público a los vaivenes del ciclo económico. Y cuál es el papel de las Administraciones en la economía, siempre teniendo en cuenta que es subsidiario del de la sociedad.

Se habla de la corrupción como uno de los males endémicos de nuestro país, pero no se menciona la concepción asistencial del empleo público como políticas clientelares asociadas a la corrupción, cuando ese es el caso. En este aspecto, como en otros, y pese a que hemos vivido dos elecciones generales en seis meses, se le ha hurtado a la sociedad española un verdadero debate.