Las pensiones y el gran pacto social

En economía hay fenómenos que sorprenden a los observadores por la rapidez con que se producen. Pero hay otros, más característicos, cuyo período de maduración es más prolongado y se extiende incluso por varias generaciones. Tal es el caso del sistema público de pensiones. Ideado a finales del XIX, consiste en un programa de transferencia de los trabajadores hacia quienes entran en la jubilación. Al comienzo eran muchos los trabajadores que tenían que repartirse el esfuerzo para mantener al jubilado, pero los cambios demográficos han llevado a que la carga se reparta entre menos espaldas. Los economistas comenzaron a desconfiar de su viabilidad a largo plazo y llevan ya varias décadas explicando las razones por las que ese sistema público lleva marcado en su funcionamiento el germen de la quiebra final. Hoy la discrepancia, por desgracia, no está en si se quebrará o no, sino cuándo lo hará.

Por todas estas razones, entre otras, son muchas las instituciones y los economistas a título individual que lanzan el mismo mensaje: son necesarias las reformas si se quiere mantener durante más tiempo. Algunos apuntan a su sustitución y la exitosa experiencia de Chile con un sistema de capitalización, que supera ya los 25 años, debería ser para todos motivo de reflexión.

El Banco de España, en su informe anual correspondiente a 2007, ha vuelto a alertar sobre la viabilidad a largo plazo de nuestro sistema de pensiones. El presidente Zapatero ha respondido negando la mayor y alegando para ello que la Seguridad Social ha acumulado un fondo de reserva de 56.000 millones de euros; como si el servicio de estudios del Banco de España, de calidad técnica reconocida, no lo hubiese tenido en cuenta. El fondo de reserva actual pagaría las pensiones de nueve meses. Pero una prórroga, ganada en época de bonanza, no es un cambio estructural. Eso debiera saberlo el presidente.

Las cotizaciones a la Seguridad Social son un impuesto al trabajo. Si se convirtiesen, aunque fuese de forma gradual, en aportaciones a un fondo de capital, transformaríamos el actual sistema de transferencias en otro de capitalización. Y cambiaríamos el modelo que pena el trabajo en otro que favorece el ahorro y por tanto el crecimiento a largo plazo. No cabe duda de que un tránsito como éste tiene costes y que, de llevarse a cabo, tendría que estar bien diseñado y contar con el acuerdo básico de los partidos.

Pero lo que no puede hacer la sociedad española es mirar a otro lado, porque los problemas reales no desaparecen sólo porque no les miremos a la cara. Zapatero, que ha anunciado su intención de formar un gran pacto social, debería hablar a los españoles con la claridad con que lo ha hecho el Banco de España -pensando más allá de sondeos y elecciones inmediatas- y llamar a todos a la responsabilidad y a la reflexión. Todavía tiene la oportunidad de hacerlo.Las pensiones y el gran pacto social