Pocos asuntos de corrupción han despertado tanta indignación como el que rodea a las llamadas tarjetas “black” de Bankia. Hay varios motivos para ello. Las entidades financieras, unas más que otras, están en el punto de mira por su comportamiento durante la época del auge, cuando sembraban las semillas de la crisis. Algunas de ellas, y en particular Bankia, lo están por intentar colocar a sus clientes productos financieros difíciles de comprender, que resultan ruinosos para ellos, pero beneficiosos para la entidad. Bankia, además, tuvo que ser rescatada por fondos públicos por valor de unos 46.000 millones de euros que, como ha reconocido el ministro de Economía Luis de Guindos, no van a recuperarse en su totalidad.
Mientras todo ello ocurría, la gran mayoría de los miembros del Consejo y de la dirección de Caja Madrid, primero, y Bankia después, utilizaron profusamente, aunque en medidas muy dispares, unas tarjetas a las que cargaban gastos ajenos a la actividad de la entidad, y en ocasiones obscenos tanto por su cantidad como por su objeto. Este asunto está siendo sometido a juicio. Y si, por un lado, recuerda a la opinión pública la medida del escándalo, por otro está permitiendo fijar las responsabilidades de cada uno.
En un movimiento orquestado entre el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, y los sindicatos, se relevó de su puesto de presidente de Caja Madrid a Jaime Terceiro para substituirlo por Miguel Blesa. Durante el período anterior a Blesa, la cantidad que se podía cargar a las tarjetas estaba limitada mes a mes, no se permitía sacar efectivo, y sólo se aceptaban los cargos que tuviesen que ver con la actividad dentro de la caja. Posteriormente, se usaron con una creciente liberalidad. Y, después de que Bankia fuese rescatada con fondos públicos y de que el Gobierno limitase la remuneración de directivos y miembros del Consejo, se utilizaron esas tarjetas como remuneración espuria, con el objetivo de saltarse los objetivos de la legislación. Como colofón de este esquema inicuo, las tarjetas permitían que ni sus usuarios ni la entidad declarase las cantidades a Hacienda. Algunos han querido retrotraer esta infamia a períodos anteriores a Miguel Blesa, pero ante todo debe resplandecer la verdad sobre el papel de cada uno.
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