Ayer se vivió en el Congreso una curiosa disertación sobre la separación de poderes. Preguntaba Pablo Iglesias como iba el Gobierno a considerar “las iniciativas parlamentarias de la oposición”; una pregunta, por lo demás, tan retorica como intrascendente, muy en la linea de su discurso habitual. Se refería el lider de Podemos a las reprobaciones que el pasado martes se hicieron de la LOMCE y la “ley mordaza”, con más efectos figurativos que prácticos. Rajoy apeló a la separación de poderes, replicando -con toda la razón- que “cada uno tiene su función perfectamente delimitada”.
El articulo 88 de la Constitución es claro a este respecto: “los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos”. En la presente legislatura, al no gozar de mayoría absoluta, el PP deberá pactar todas y cada una de las leyes que quiera sacar adelante. Y si la oposición se pone de acuerdo para paralizar una proposición determinada, el Ejecutivo tendrá que estar a lo que diga el Legislativo.
Pero lo que ni Podemos ni nadie con mayoría puede hacer es suplantar la iniciativa del Gobierno en materia legislativa. En democracia, los tres poderes están separados y son independientes. En otros regímenes, como Cuba y Venezuela, se funciona de otro modo; gracias, en parte, a los “asesoramientos” de destacados miembros de Podemos.
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