Una sentencia relevante

El sector financiero español se enfrenta a un duro golpe propinado por el sistema judicial. En particular se trata de la sentencia arbitrada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se opone a la legislación nacional que había limitado los efectos de la restitución de lo cobrado indebidamente por los bancos a causa de las cláusulas suelo. Esas disposiciones de los contratos hipotecarios imponían unos mínimos en el interés que cobraban las entidades si los términos generales del mismo caían por debajo. Dado que el Euribor ha estado durante años en niveles históricamente bajos, esas cláusulas le han permitido a las entidades cobrar grandes cantidades adicionales de los intereses hipotecarios.

La novedad de la resolución del TJUE sobre la del Tribunal Supremo de mayo de 2013 es que la instancia europea reconoce el derecho de los consumidores de reclamar la devolución de lo cobrado de más con carácter retroactivo. Los principios del Derecho no reconocen la concesión de derechos con carácter retroactivo, pero en este caso no es una concesión o disposición del gobierno sino el arbitraje entre los intereses de dos colectivos del ámbito privado, por lo que la sentencia genera ciertas dudas. Esas dudas se pierden con el humo del populismo, que señala siempre a los bancos como culpables.

De hecho, pese a que la opinión pública ha dictaminado una sentencia en línea con las dos resoluciones judiciales, el asunto no es tan claro como aparenta. Las entidades financieras tienen la obligación moral, y también legal, de ofrecer a los clientes toda la información relevante. Pero, ello no resta la responsabilidad que tienen sus clientes de leer y entender las condiciones de los contratos que firman. Y si lo firmado obliga a una de las partes, lo mismo ocurre con la otra. Si, por un lado, muchas entidades no han jugado limpio en estos años con el negocio hipotecario, por el otro este asunto ha estado a caballo entre el derecho y la política, con el previsible perjuicio del primero. No todas las entidades han tenido el mismo comportamiento, y las dos sentencias no hacen distinciones. Este conflicto invita a repensar la regulación bancaria, para que los contratos sean más claros y no se dé pábulo a abusos de ningún tipo.