Injusticia en catalán

El Govern ha firmado un acuerdo con el Consejo de la Abogacía Catalana para que los letrados del turno de oficio presenten sus escritos en catalán. Informarán a sus clientes sobre el derecho de dirigirse a la justicia en catalán, y recibirán 14 euros adicionales por cada actuación presentada en dicha lengua. Esta nueva “ocurrencia” costará cerca de 1 millón de euros, si bien lo verdaderamente importante no es la cantidad -que también- sino el nuevo despropósito nacionalista.

En 2016, el uso del catalán cayó hasta el 8,4 por ciento, el más bajo de los últimos diez años. En parte por ello y en parte por su eterno complejo, el nacionalismo jurídico lleva tiempo reclamando que el catalán sea considerado un “requisito” en lugar de un “mérito” para ejercer en la Administración de Justicia de Cataluña. Sin embargo, tanto en aquella comunidad como en el resto de España los problemas de la justicia son otros, y nada tienen que ver con el uso de lenguas vernáculas.

En efecto, hay una carencia endémica de medios, tanto humanos como materiales, común a toda la Administración de Justicia. Por otra parte, según dispone el art. 149.5 de la Constitución, es una materia sobre la que el Estado tiene competencia exclusiva. La Generalidad, pues, debería optimizar el dinero público en cuestiones que realmente mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos y no despilfarrarlo de este modo.