El Gobierno ha vuelto a dejar claro este miércoles que parará todo intento independentista en España. Lo haría recurriendo al Tribunal Constitucional y, si es necesario, ha dicho, adoptar medidas coercitivas como impedir que se abran los colegios en los que se colocaran las urnas para esa consulta.
El Ejecutivo ha asegurado estar preparado y tener todo previsto en caso de una posible convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña. En tal caso, ha reiterado este miñercoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que no es posible celebrarlo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado "absurdo" que los dirigentes independentistas digan que se va a celebrar ese referéndum.
Del mismo modo, el ministro de Justicia ha remarcado que todo el mundo debe tener muy claro que nadie puede actuar sin respetar las leyes y la Constitución. Rafael Catalá ha sido muy claro: "Y nos encargaremos de que así sea".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha sido muy contundente en su respuesta al portavoz de ERC, Joan Tardá, y ha esgrimido la Constitución frente al referéndum "ilegal" que pretenden los independentistas. Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que la Carta Magna ampara la democracia y "pone freno a los abusos de los gobernantes".
Igualmente, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha garantizado que no se permitirá que se celebre un referéndum ilegal en Cataluña y ha subrayado que se tomarán las medidas proporcionales a los pasos que vayan dando los independentistas.
Desde el propio Gobierno se ha explicado que esta actitud del Ejecutivo ante las pretensiones de los partidos independentistas es una muestra de la "decepción y preocupación" por la falta de gestos ante la oferta de dialogo que se ha planteado.
Pero, incluso, aunque finalmente se concretara una reunión en Moncloa entre Rajoy y Puigdemont, el Gobierno seguirá dispuesto a disponer de todos los mecanismos que facilitan la ley y la Constitución. Para empezar, en caso de suceder, con un recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional.
Y si fuera necesario, insisten, se adoptarán medidas coercitivas como precintar los colegios en los que se quisiera celebrar la consulta.