El presidente colombiano Juan Manuel Santos acaba de iniciar las negociaciones –públicas- del Gobierno de Colombia con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en plena actividad terrorista desde que se fundó en 1964. La planificación de estos diálogos en estas fechas, tras conversaciones bajo cuerda de dos años, tiene su lógica, lo que no significa que los hechos se vayan a desarrollar en el orden que las autoridades colombianas han previsto. Su cálculo se ha basado en cerrar primero el acuerdo con la guerrilla de las FARC, de modo que su resolución arrastrase por sí misma a un pacto análogo con el ELN, guerrilla marxista-leninista auspiciada por el revolución cubana, pero con menos efectivos que su hermana mayor.
Esas previsiones se están viendo frustradas nada más comenzar el diálogo y auguran un proceso más que tormentoso. La mesa de negociación se ha ubicado en la capital de Ecuador, Quito. El ELN posee un punto de partida sumamente favorable. Las desmesuradas conquistas alcanzadas por las FARC en La Habana, ya le pertenecen automáticamente al ELN, porque el gobierno colombiano no puede ofrecer menos a una organización terrorista que lo rubricado con otra. El presidente Santos actúa contra reloj, tras sucesivas fiascos, mientras que nada apremia al ELN. Visto desde una fría perspectiva, los guerrilleros están en situación de exigir algo más que las FARC, reivindicar aún mayores concesiones que las obtenidas por sus predecesores, y lo que es peor todavía, en disposición de lograrlas. Los escándalos que ahora mismo señalan al presidente y a otros líderes de haber financiado ilegalmente y a gran escala sus campañas electorales, les debilitan tanto como la negativa de ciertos grupos de las FARC a renunciar al negocio del narcotráfico. Aunque el ELN no posea un gran potencial bélico, todo le viene de cara en la mesa de negociación de Quito.
Esto se traduce a su posición sobre el terreno. Incluso comenzando las negociaciones públicas, se han negado a liberar a los secuestrados, una de sus fuentes de financiación favoritas. Tampoco han permitido que los combatientes menores de edad abandonen las armas, para volver con sus familias o ingresar en los programas de reinserción de Bienestar familiar creados por la Administración. Muy al contrario, han admitido que es posible que el ELN ocupe los territorios dejados por las FARC. Así lo ha afirmado nada menos que el gestor de paz del ELN, Eduardo Martínez. Y lo que es peor, que asimismo pase a gestionar las rutas del narcotráfico en las zonas de desarme. Se está a un año de elecciones presidenciales, y la lucha política no vaticina posturas de fuerza frente a estas amenazas.
Siempre fue un error afrontar cualquier negociación con el terrorismo guerrillero sin unidad entre las formaciones democráticas. Las concesiones en materia de justicia y participación política ya firmadas son preocupantes y solo se atisba un empeoramiento. Sería casi milagroso, en estas circunstancias, que la posguerra no le dé un poder formidable a estos grupos de mentalidad antidemocrática, con el peligro cierto de que desestabilicen la democracia colombiana e inicien procesos constituyentes con consecuencias muy inquietantes.
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