Políticos y funcionarios

Después de las convenciones a nivel estatal de los principales partidos políticos en España, tras los discursos de los respectivos candidatos de dirección nacional, con sus campañas de cara a la galería, unos con una situación más tranquila que otros, llega la hora de la toma de decisiones por parte de sus líderes en la composición de sus equipos. Queda por ver cómo se cuece el plato principal en los partidos de las izquierdas, que son los que van más movidos, bien en aras de apaciguar los ánimos entre sus correligionarios, tras los enfrentamientos, de todos conocidos, entre los cabecillas que quieren erigirse en mandamases del cotarro y, por otra parte, mantener la unión entre las distintas facciones partidistas. Toda esa parafernalia durará todavía varias semanas, y en algunos casos meses, tras largas horas de discusiones en Podemos; y ya veremos lo que sucederá en el PSOE, no sólo en la próxima convención nacional sino en sus respectivas regionales. Queda un tiempo, más o menos largo, para ver cómo emprenden el rumbo y hasta qué punto aguanta el tinglado hasta las próximas elecciones.

Todo lo dicho hasta aquí se refiere a los que viven de la política, con más o menos preparación y fortuna. Pero, ¿qué pasa con los funcionarios? En el ámbito de los funcionarios o empleados públicos, como se les llama en general, debe advertirse que hay una línea que marca, o debiera marcar, la diferencia con los políticos. Los políticos son los representantes elegidos por el pueblo con su voto en las elecciones para llevar a cabo el programa en la gestión pública que presentaron ante los votantes. No obstante, no pueden ellos solos estar en misa y repicar las campanas al mismo tiempo. Su labor consiste en dirigir e impulsar la maquinaria de las Administraciones Públicas para conseguir que lo prometido en la campaña electoral y en su discurso de investidura a la presidencia pueda hacerse realidad. Para ello precisarán de los funcionarios públicos, como expertos en las materias a las que han tenido que presentarse en unas oposiciones y tras realizar los cursos de preparación y reciclaje para la gestión de la Administración Pública. Los dirigentes políticos y los funcionarios tienen sus propias responsabilidades y sus respectivas funciones. Los políticos deben llevar a cabo sus propuestas y los programas expuestos ante el parlamento o respectivo consejo regional o local, pues la responsabilidad de llevarlas a cabo sólo les corresponde a ellos, que luego serán examinados en su gestión política por los ciudadanos que darán su voto en las siguientes elecciones según se hayan sentido o no engañados o defraudados. Por el contrario, la labor de los funcionarios está plenamente establecida en la Constitución y en las leyes que regulan sus funciones. Los políticos responden de sus promesas electorales; los funcionarios responden de su trabajo en la Administración con lealtad, eficacia, y objetividad, cumpliendo con sus obligaciones y deberes legales en vía administrativa. Todo ello requiere una línea clara de separación entre las responsabilidades de unos y de otros. De lo contrario, pueden surgir problemas si se mezclan las funciones de uno y otro grupo; cosa que ha ocurrido con demasiada frecuencia desde que en 1984 se cambiaron los términos de la carrera profesional del funcionario mediante la ley de Función Pública, promulgada bajo la presidencia de Felipe González, que introdujo la figura de los puestos de libre designación en la Administración; es decir, el nombramiento a dedo de los funcionarios para puestos de alta dirección, e incluso de mandos intermedios, por parte de los políticos de turno en el Gobierno. Con ello se ha perdido ciertamente la independencia en el trabajo que deba realizar con objetividad el funcionario, quien estará más atento y complaciente al dedo del político que tiene la potestad de quitar y separarle del servicio, que no a sus deberes como empleado público sin presiones de ningún tipo, poniendo por delante la lealtad, la objetividad y la conducta ética en su actuación ante la ley. Lo que ha conducido a la corrupción, abusos, tráfico de influencias y demás trapicheos para ciertos intereses partidistas y de algunos políticos, que no es necesario recordar aquí. Muchos de cuyos casos de corrupción, sobre comisiones y contratos fraudulentos, todavía colean por las dependencias de los juzgados, en cuyos procesos penales han sido imputados –o investigados- no sólo políticos, sino incluso algunos funcionarios que, como pardillos, también han caído en los cantos de sirena de los políticos que les han imbuido en negocios sucios, con tal de mantener su cargo de libre designación en la Administración.

En definitiva, políticos y funcionarios, juntos pero no revueltos. Los políticos deben cumplir sus promesas ante el electorado y los funcionarios deben cumplir su trabajo con honradez y lealtad conforme establecen las leyes y la Constitución. Debiera volver a tramitarse, pues, una ley del funcionario público para todo el Estado, consensuada por todos los partidos, donde se elimine en la Administración el nombramiento de los puestos de trabajo a dedo, -cual perpetuum mobile- que se instauró con la excusa de la pretendida confianza para con el político de turno, y se promocione objetivamente la carrera profesional de méritos. ¡Eso sí que sería un verdadero milagro!