Estibadores: cumplir la sentencia europea

La tensión que se ha apoderado de los puertos españoles no solo disminuye sino que va en aumento. Pese a que todavía no se ha iniciado de manera oficial la anunciada huelga de los estibadores, estos han comenzado una actuación que hay que calificar de huelga encubierta. El ritmo de trabajo ha descendido de manera muy considerable en varios puertos, y se han producido actos vandálicos y de sabotaje que persiguen incrementar el conflicto e impedir el normal desarrollo de la actividad portuaria. Incluso existe inquietud porque puedan derivarse problemas de abastecimiento.

Esta huelga encubierta, según varias estimaciones, ha ocasionado ya un enorme perjuicio económico, cifrado en más de cien millones de euros. Una cantidad que de continuar así, y no digamos ya si se lleva a cabo la huelga oficial, se multiplicaría de forma exorbitante a razón de más de cinco millones de euros por día. Es un hecho que ante la inestabilidad y conflictivas circunstancias, numerosas navieras internacionales están desviando sus buques hacia otros países, lo que, más allá del desastre puntual de estos momentos, abre la peligrosa vía de que se habitúen a realizar sus operaciones en otros lugares. Si abandonan España, el impacto económico acarrearía muy indeseables consecuencias.

La próxima semana la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, llegará a nuestro país. La visita estaba prevista desde antes de que estallara la crisis, pero ahora entraña una especial relevancia. Ante una reforma de la estiba que es imprescindible, resulta de gran irresponsabilidad la cerrazón de los estibadores empeñados en mantener unos privilegios contrarios a la libertad de mercado. Y más irresponsable es aún, si cabe, la postura de la oposición al no respaldar al Gobierno. El Ejecutivo no ha hecho otra cosa en su decreto sobre la reforma que ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Algo a lo que España como Estado miembro no puede negarse, amén de que tal y como está la estiba no puede continuar, con un impresentable nepotismo, y hasta machismo -¿por qué impedir a las mujeres realizar este trabajo?-, y salarios inasumibles. Si no se cumple la sentencia liberalizándose el sector habrá multas millonarias a costa del bolsillo de todos los españoles.