A los pocos días de celebrarse el sesenta aniversario del Tratado de Roma, germen de lo que sería la Unión Europea (UE) y que reunió a los veintisiete jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros en la capital italiana, la UE debe enfrentarse a uno de sus momentos más complicados. Ayer, el embajador británico ante la UE hizo entrega a Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa, de la carta en la que oficialmente Gran Bretaña pide su salida de la UE, en la que ingresó hace más de dos décadas y con un amplio apoyo ciudadano a esa decisión. Se consumó así ayer el resultado del referéndum celebrado en junio del pasado año en el que Gran Bretaña votó a favor de abandonar la UE.
Un referéndum que, sin que nadie se lo hubiera solicitado, convocó el expremier británico David Cameron pensando que el resultado sería otro bien distinto, y que incluso podría serle beneficioso personalmente. Pero Cameron se equivocó por completo -y en el pecado llevó la penitencia de su dimisión-, y produjo un tsunami frente al que ahora la UE ha de lidiar de la mejor manera posible para evitar que se convierta en un torpedo en la línea de flotación de la UE, cuyo equilibrio no es de por sí fácil. Muy significativamente, cuando Donald Tusk recibió la carta expresó su preocupación: “No es un día feliz. Ahora se trata de controlar los daños”.
La preocupación de Tusk, compartida por la UE en su conjunto, no es gratuita. Sin caer en alarmismos, hay que ser muy conscientes de que se abre un periodo de incertidumbre con laberínticas negociaciones entre Reino Unido y sus antiguos socios. Máxime cuando la premier británica, Theresa May, ha planteado el Brexit de una manera inaceptable. Más allá de la retórica que se gasta en estos casos, sobre todo de cara a la galería, la carta, en definitiva, lo que pretende es que Gran Bretaña siga disfrutando de las ventajas de la UE, fundamentalmente de su mercado libre, sin tener ninguno de los compromisos de sus miembros. Y que se negocie, a la vez, su salida y las nuevas y pretendidamente privilegiadas condiciones de la relación entre Gran Bretaña y la UE.
Con este propósito, Theresa May no ha dudado en deslizar en su misiva la idea de que si no lo consigue, puede debilitarse la cooperación en seguridad, además de dejar en el aire, de manera calculada, un asunto de gran importancia como es el de los derechos de los ciudadanos de la UE residentes en Gran Bretaña. Con toda razón, se ha visto que la misiva contenía poco menos que un inadmisible chantaje, con lo que May ha echado más leña al fuego. Alemania y Francia se han negado ya explícitamente a aceptar lo exigido por May, rechazando de forma taxativa que sea paralela la negociación de la salida y la de la nueva relación.
No se avecina, pues, un divorcio de guante blanco, sino bastante tormentoso, en el que la UE debe mantenerse firme. Si Gran Bretaña consiguiera una situación de privilegio, con derechos muy jugosos en la UE pero prácticamente ninguna obligación, se abriría la puerta a otras deserciones en una Europa donde hoy, por desgracia, no son escasos los euroescépticos.
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