La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por una segunda querella de la Fiscalía por desobedecer al Constitucional (TC) al permitir que el pleno votara dos resoluciones a favor del referéndum. En su declaración, ha reclamado al Tribunal y a la Fiscalía que defiendan su inviolabilidad parlamentaria como garantía de la separación de poderes.
En una comparecencia este lunes de unos 20 minutos en la que sólo ha contestado a su abogado, Forcadell ha hecho un alegato a favor de su inviolabilidad. Lo mismo ha hecho la secretaria primera de la mesa, Anna Simó -que también ha declarado como investigada- que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas a la magistrada. Ambas han interpelado directamente a la presidenta del tribunal, Maria Eugènia Alegret, y al fiscal Francisco Bañeres como garantes de la legalidad.
Forcadell ha asegurado que en ningún caso "transgredió" el mandato del Tribunal Constitucional al permitir que se votara la resolución aprobada el 6 de octubre de 2016, porque, según ella, se limitaba a recoger lo que se había abordado y debatido en el pleno de la Cámara catalana durante el Debate de Política General. La presidenta del Parlament ha explicado que su mandato se basa en plantear los temas del debate para que posteriormente la Mesa -Simó- recoja las resoluciones. Precisamente este es el punto donde pivota el caso y es lo que dilucidará si hubo desobediencia: si la Mesa debe permitir todos los debates o debe establecer un veto en determinadas cuestiones. El ministerio público cree que, al dar luz verde a la votación, los miembros de la Mesa desobedecieron la resolución del Tribunal Constitucional que les prohibía desarrollar cualquier iniciativa que emanara de la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, que abría la puerta a una vía unilateral a la independencia.
Forcadell y Simó han asegurado que actuaron con neutralidad al permitir las votaciones, convencidas de que no transgredían ni la sentencia del TC en que prohibía desarrollar la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015 ni sus resoluciones posteriores. Según este argumento, en el momento que el presidente Carles Puigdemont planteó el referéndum como un objetivo del mandato en el pleno de política general, las resoluciones debían recogerlo y la función de la Mesa era permitirlo.
A las puertas del Palau de Justicia ha habido una concentración de apoyo convocada por la ANC, Òmnium, AMI, ACM y Súmate, y Puigdemont y los consellers del Govern las han arropado a su llegada.
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