Carles Puigdemont amenazaba ayer con romper España desde una sala del Ayuntamiento de Madrid cedida por Manuela Carmena. De este modo, la alcaldesa -que es juez, por lo que se le presupone un sobrado conocimiento del ordenamiento jurídico- daba pábulo a alguien que pretender subvertir la legalidad vigente cercenando, entre otras cosas, el derecho de los madrileños a decidir sobre la integridad territorial de su país.
No extraña que Puigdemont haya declinado la invitación formulada por el Gobierno para hablar en sede parlamentaria. Ha preferido hacerlo “en casa”, sabedor de que los “nuevos ayuntamientos” sintonizan a la perfección con antisistemas -sus propios concejales lo son- e independentistas y que su modelo de estado es tan difuso como sospechoso.
Tampoco son nuevas las amenazas de Puigdemont. Sí lo es, en cambio, el foro elegido para hacerlo. Lo peor de todo este asunto es que no queda nadie en la izquierda capaz de criticar semejante despropósito, toda vez que tanto Podemos como el nuevo PSOE de Pedro Sánchez están más por la labor que ponerse del lado del independentismo que del Gobierno en la defensa de cuestiones de estado.
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