La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los procesados en 'caso Guateque', tras considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son nulas y carentes de validez a efectos acusatorios, "ya que la grabación magnetofónica que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez y al margen de cualquier procedimiento penal", informa el TSJM en un comunicado.
El juicio arrancó en enero contra 34 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, acusados de participar en una trama de corrupción en la concesión de licencias municipales a locales de ocio durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. El Ministerio Público solicitaba una pena conjunta de 250 años de prisión para los procesados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, infidelidad en la custodia de documentos o falsedad de documento oficial.
Las defensas habían planteado al tribunal la nulidad en lo que concierne a las intervenciones telefónicas, registros y declaración del testigo protegido cuya denuncia desencadenó la operación en 2007. Ha sido ahora en el momento de la sentencia cuando la Audiencia ha dado la razón a las defensas.
El auto de incoación del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, afirma la sentencia, "se fundamentó en una supuesta grabación espontánea realizada el día 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, pues así resultaba del atestado, y no en lo verdaderamente sucedido, que de haberse puesto en conocimiento del juzgado, tenía que haber sido determinante para declarar la nulidad de la grabación y el consiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones".
Si bien, ha sido ahora durante el juicio, señala el TSJM, cuando "ha quedado demostrado que en contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid (Tres Cantos) quienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica con la finalidad de que grabara la conversación que iba a tener lugar ese mismo día en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería, con quien mantenía una antigua relación de confianza".
La grabación acusatoria
La grabación debía hacerse sin conocimiento del interlocutor y la conversación versaría sobre una supuesta petición de dinero, realizada a un funcionario del Ayuntamiento de Madrid para la tramitación rápida de un expediente. "Tres días después, tras valorar el contenido de lo grabado, desde la jefatura de dicha unidad, se ordenó a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil que se tomara declaración al denunciante sin que en el atestado levantado ese mismo día se hiciera referencia a que los medios técnicos con los que se grabó la conversación habían sido facilitados por la propia unidad".
Por el contrario, de la lectura del atestado resultaba que "había sido el denunciante quien motu propio había decidido grabarla con sus propios medios". Ni la grabadora ni la cinta magnetofónica con la conversación supuestamente registrada fueron entregadas en el juzgado de instrucción.
El auto que dio origen a la instrucción y que acordó, entre otros extremos, el secreto de las actuaciones y la intervención de varios teléfonos, continúa la sentencia, "carece de verdadera motivación, pues la que contiene se asienta exclusivamente en el relato falaz obrante en el atestado de la Guardia Civil".
Los magistrados manifiestan que, por tanto, "la grabación adolece de valor probatorio y subrayan que el contenido mendaz del atestado policial que dio origen a la presente causa es un método fraudulento ideado para conseguir la iniciación del proceso penal mediante el ardid de presentar la grabación de unas conversaciones obviando el dato esencial relativo al método empleado para su obtención".
“Es inexplicable que no se haya aportado la cinta original al juzgado, ni que éste haya requerido su entrega o, al menos, realizara alguna indagación al respecto. Resulta igualmente paradójico el silencio que sobre este extremo guardaron las acusaciones durante la instrucción, mutismo que se ha extendido al acto del juicio oral, en el que no ha prestado declaración ninguna persona que hubiera escuchado la grabación original”.
Para concluir, la sentencia considera que resulta evidente que “los agentes de la Guardia Civil actuaron de mala fe, estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal".
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