El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, reunió a sus consejeros para firmar, en la noche de este miércoles, el decreto de convocatoria del referéndum soberanista para el 1 de octubre, poco después de que el pleno del Parlament haya aprobado una ley, con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP, para darle amparo legal. Y, ya de madrugada, el Govern completó la última ráfaga de un día maratoniano admitendo a trámite la ley de transitoriedad jurídica -el texto principal para la desconexión con el Estado-, anunciando que usará el censo electoral cerrado el 30 de marzo para el 1-O y elegiendo a los cinco candidatos que comandarán la Sindicatura Electoral (equivalente a una Junta Electoral) para la consulta ilegal.
En la sala 4 del Parlament, donde los miembros del Govern se encontraban reunidos desde las 22.30 horas, el presidente de la Generalidad y sus consejeros han firmado poco antes de las 23.30 horas el decreto por el cual queda convocado el referéndum sobre la independencia de Cataluña que agrava el desafío a las instituciones y la Constitución españolas.
Después de haber firmado el decreto, Puigdemont compareció para efectuar una declaración oficial en la que proclamó que el resultado de la consulta de octubre será interpretado como vinculante. "La decisión de los ciudadanos nos vinculará, no puede ser de otra manera, y defenderemos hasta el final el derecho de todos los catalanes a votar, decidir y a ser ellos los que determinen su futuro. Cataluña decidirá democráticamente su futuro el 1 de octubre", expuso desde el Auditorio del Parlament.
"Nadie tiene autoridad ni poder de incautarnos el derecho a decidir. En defensa de este derecho ponemos todo lo que tenemos, todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la voluntad y compromiso. Es lo que han de hacer los gobiernos -ha añadido- cuando en la historia de su país llegan momentos como éste, de encrucijada, decisivos, en que todos sin excepción asumimos nuestra responsabilidad", manifestó antes de hacer un llamamiento a la participación: "Ahora es el momento de la ciudadanía. El Parlament ha convocado a los ciudadanos de nuestro país a decidir de qué manera hay que orientar el futuro de Cataluña: si por el camino de la autonomía y el Estatut recortado o por un nuevo camino como estado independiente en forma de república".
Minutos más tarde de esa alocución, fuentes de la Generalidad reseñaron que la Mesa del Parlamento catalán ha admitido a trámite esta madrugada (a la 1:00) la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, la principal ley de desconexión con el Estado. Este pacto nocturno fue aprobado con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, el voto contrario de Ciudadanos y el PSC y la abstención del representante de Catalunya Sí Que Es Pot. Y, también, se confeccionó la que deberá ser la Junta Electoral (en la votación, al filo de las dos de la madrugada, no han participado los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, por lo que los cinco vocales de la Sindicatura Electoral han sido elegidos con los votos de JxSí y la CUP) y se especificó la intención de usar el censo de marzo para organizar la consulta secesionista pretendida.
De este modo se cerró una jornada de dilatado debate, tenso y bronco, de 16 horas, en la que el Parlamento de Cataluña aprobó la ley del referéndum -con apoyo de Junts pel Sí y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PPC-, con su presidenta, Carme Forcadell, incumpliendo los trámites establecidos en el protocolo, desoyendo el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y viendose obligada a suspender el pleno más de media docena de veces para reunir a la Mesa del Parlament. La Fiscalía se querellará contra ella.
Una tramitación exprés, ejecutada en un solo día aunque entorpecida por un crispado pulso procedimental desde las nueve de la mañana entre las fuerzas independentistas y la oposición, dio paso al debate sobre la ley de referéndum que desembocó en la votación final (celebrada a las 21.30 horas). En ella, 72 votos a favor de los grupos secesionistas de JxSí y la CUP y del diputado no adscrito, Germà Gordó, valieron para cerrar la fiesta de los soberanistas catalanes.
Como se había anunciado, Catalunya Sí Que Es Pot se abstuvo y no se registraron votos en contra, ya que los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PPC abandonaron el hemiciclo antes de la votación y dejando en sus escaños banderas de Cataluña y España. Sus ausencias fueron aprovechadas para que las enseñas españolas fueran retiradas por una diputada de la delegación de Podemos en Cataluña. Este jueves, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afeado el gesto de la diputada. En declaraciones a Cadena SER ha dicho que "debería pedir perdón".
El canto al unísono de Els Segadors y la cerrada ovación de los presentes -con el expresidente de la Generalidad Arturo Mas y los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart- constituyó el epílogo ceremonial de un día histórico para el independentismo autonómico.
Mariano Rajoy y Felipe VI se mantuvieron en contacto constante de manera paralela a la interminable sesión parlamentaria y, tras la votación, el presidente del Gobierno anunció que se reunirá con Pedro Sánchez y Albert Rivera, convocará para este jueves una reunión extraordinaria de su Consejo de Ministros y solicitó un informe de urgencia al Consejo de Estado para recurrir la aprobación de la ley del referéndum al Tribunal Constitucional cuanto antes. En el entretanto, el jefe del Ejecutivo ordenó a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el TC que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados en el Parlament.
El PPC, por su parte, no tardó ni una hora en presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que se han "vulnerado los derechos fundamentales como diputados durante el debate de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación". "La presidenta del Parlament, apoyada por la mayoría independentista, ha impedido durante el transcurso de la jornada que el grupo del PPC haya podido presentar enmiendas a la totalidad, solicitudes de comparecencias o una solicitud de dictamen al Consejo de Garantías", denunció el partido liderado por un Xavier Garcia Albiol, que proclamó que la Ley del Referéndum "no entrará en vigor jamás" porque, según dijo, "es un ataque a la democracia" que el Gobierno responderá con "firmeza y proporcionalidad" para defender al conjunto de los catalanes frente al "totalitarismo".
Ines Arrimadas, de manera simultánea al movimiento del Partido Popular catalán, lució rapidez para, segundos después de la aprobación de la ley que pretende amparar la celebración de la consulta del 1-O, anunciar que Ciudadanos propondrá una moción de censura contra Carles Puigdemont y convocará unas elecciones anticipadas. "Es la única vía política que nos queda, la única vía legítima y legal que pretende evitar el choque de trenes, porque vamos a una situación insostenible que solo generará confrontación, y antes de que el Govern y Puigdemont sigan por el camino de fuera de la democracia y del sentido común, hay que evitarlo con esta moción de censura", planteó.
La portavoz y lideresa de la oposición constitucionalista también atacó la actuación de Forcadell, lamentando que haya actuado como "la delegada del Govern en el Parlament". Asimismo calificó el contenido de la ley aprobada como una "chapuza jurídica" que se ampara en "una gran mentira" -no figuraba en el programa electoral con el que Junts pel Sí se presentó a las elecciones del pasado 27 de septiembre- y sentenció que "hoy han actuado como una mayoría absolutista, pisoteando con una mayoría de escaños y una minoría de votos en la calle la mayoría de ciudadanos representados en la oposición". "No se van a salir con la suya, porque la democracia tiene mecanismos para defenderse de los gobernantes que quieren abusar de ella", zanjó.
Por último, Miquel Iceta arguyó durante el debate que el PSC "no puede legitimar el disparate" de una ley que tendrá "consecuencias muy negativas". El representante socialista calificó de "vergüenza" lo ocurrido en el hemiciclo catalán. "Nos dicen que va de democracia, pero solo va de independencia, porque la democracia empieza por respetar los derechos de la oposición, que han decidido vulnerar hoy de forma temeraria e irresponsable", concluyó.
El grupo socialista nacional recordó que este jueves registrará formalmente en el Congreso su propuesta de abrir una comisión de diálogo sobre Cataluña, con el objetivo de lograr una salida negociada entre todas las fuerzas políticas al conflicto soberanista catalán.
"¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?" es la pregunta que los soberanistas han aprobado que figure en el referéndum que en esta "bochornosa jornada" (en palabras de Soraya Sánez de Santamaría) ha recibido el amparo legal catalán. La ampliación del orden del día, en varias ocasiones e impulsada por JxSí y la CUP, sirvió, finalmente, para que la sesión se estirara lo suficiente como para cubrir todas las necesidades que el desafío secesionista se había marcado para este 6 de septiembre de 2017.
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