El consejero del Govern Vila pide tiempo sin "decisiones unilaterales"

Los acontecimientos tras el 1-O se disparan de forma frenética en el entorno de la Generalidad. La fuga de empresas y gigantes financieros de Cataluña y las tensiones con la CUP tras la suspensión del pleno del Parlament del lunes, en el que se pretendía aprobar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), se acumulan sobre la mesa de un Carles Puigdemont que, sin duda, no esperaba que la división en el seno separatista se dejara ver con tanta claridad.

Y es que en la tarde de este jueves su consejero de Empresa, Santi Vila, que además pertecene a la formación PDeCAT, se ha manifestado en contra de "nuevas decisiones unilaterales" y, además, ha tirado por tierra los resultados y la legitimidad, en el pueblo catalán, del referéndum que causó algaradas y un ascenso considerable de la conflictividad social en las calles de la autonomía catalana.

La huida de capitales de Cataluña parece haber hecho mella en uno de los consejeros que han de lidiar con ello. Mientras que desde Economía del Govern se catalogaba la marcha de Sabadell y la amenaza de otro coloso financiero como "un impacto econímico mínimo", Vila ha publicado un artículo en el diario Ara titulado "Horas graves en un país de todos".

En el texto deja claro que, en su opinión, "antes de la decisión que pueda adoptar el Parlament sobre una declaración de independencia, la prioridad debe ser dar una última oportunidad al diálogo". Porque, aunque ve improbable que se declare la independencia el próximo día 9, cree que esa actitud podría conllevar "la suspensión del autogobierno" y "conflictos" en la calle.

"Comprometerse por un tiempo las dos partes -Gobierno y Generalidad- a no tomar nuevas decisiones unilaterales y, por qué no, buscar la mediación de personas de reconocido prestigio para los dos gobiernos, que propicien una negociación de buena fe y transparente entre las dos legitimidades enfrentadas, la soberanista y la constitucionalista", ha pedido Vila en un texto en el que afirma que la DUI sería "comprensible" pero "resulta innegable que supondría la suspensión inminente del autogobierno, la separación y posible detención de sus impulsores y, más grave aún, el inicio de una espiral de movilizaciones y conflictos en la calle".

Por último, el imprevisto eslabón díscolo de la Generalidad se ha permitido saltarse, por completo, el argumentario secesionista para denunciar que los ocurrido el 1 de octubre fue "un referéndum que movilizó millones de personas, aunque no fue reconocido como legítimo por una parte de la sociedad catalana". "Que el referéndum nos vincula y nos obliga es tan cierto como que la represión a la que fue sometido alteró la jornada y los resultados", culmina.