Piden a Audiencia Nacional su excarcelación alegando que acatan el 155.
La defensa de los exconsejeros de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull han pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad, alegando que han acatado "expresamente" las medidas del artículo 155 como el resto de miembros del Govern cesado, sin promover ninguna "resistencia".
En sendos recursos, los dos exconsejeros solicitan a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva, aplicándoles los mismos criterios por los que el Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de Juntos por el Sí.
Los dos exconsejeros del PDeCAT permanecen en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre, junto a otros seis exmiembros del Govern, por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que los investiga a raíz de una querella de la Fiscalía por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
En sus escritos, Jordi Pina, abogado de ambos exconsejeros, descarta el riesgo de reiteración delictiva defendiendo que sus clientes y el resto de miembros del Govern querellados "han acatado expresamente las medidas del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación". Prueba de ello es, según el abogado, que tras la aplicación del 155 no se ha adoptado "ningún acuerdo ni dictado disposición de ninguna clase" por parte del Govern.
El abogado subraya también que ninguno de los miembros del Govern querellados "ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario (tras la aplicación del 155), anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas (el 21-D)". Argumenta en sus escritos que el encarcelamiento de Rull y Turull "contraviene el derecho a elecciones libres", así como "el de los ciudadanos a tener representantes políticos", y recuerda que los querellados "participarían sin duda" en la campaña electoral del 21-D si no estuvieran privados de libertad.
La defensa de Turull y Rull descarta también que el hecho de que el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros hayan huido a Bélgica tras la declaración de independencia suponga un incremento del riesgo de fuga que justifique mantener en prisión a los exconsejeros que se quedaron en España.
Además, la defensa insiste en que no hay base para acusar a los querellados de un delito de rebelión, porque asegura que en el proceso soberanista no hubo violencia en las calles, ni de sedición, al considerar que no ha existido ningún alzamiento tumultuario para quebrantar el orden público.