Desde hace bastante tiempo, con menos euforia que resignación, en la Argentina se opta por lo malo ante lo peor. Es algo así como preferir la desidia frente a la catástrofe. Las urnas electorales son, quizá, la muestra más cabal de lo expresado; desde hace bastante tiempo no se vota por alguien, sino que, sin demasiada convicción, se vota contra alguien. Y así se resta y se sigue.
Vayamos ahora a la desgracia marítima que conmueve a los argentinos. Si fuera necesario vincular la realidad con las grandes obras de la literatura dedicadas al mar, empezando por La tempestad de Shakespeare, encontramos que todas terminan en tragedias. Moby Dick de Herman Melville, es una novela de un profundo simbolismo que va de la alegoría a la épica y de la obsesión a la locura. Tifón, de Joseph Conrad, describe cómo un barco, para ganar tiempo, se introduce en el corazón de una tormenta condenando a sus tripulantes al naufragio; no se trata de una aventura más en el mar, Tifón es para Conrad un ambiente que le permite estudiar la influencia que este fenómeno tendrá sobre los protagonistas de su historia. Julio Verne, en Veinte mil leguas de viaje submarino narra las peripecias del Capitán Nemo que recorre los océanos a bordo del Nautilus, una nave destinada a un desenlace dramático. Ojalá que en el caso nuestro no lo sea.
En la Argentina de las últimas décadas, no solo el escenario del mar ha sido trágico. En 1999, un avión que no llegó a despegar, salió de pista, atravesó una avenida y se estrelló contra un terraplén, incendiándose y provocando la muerte de 65 personas. Hace cinco años un tren que se encontraba llegando a la plataforma, por la simple razón de su falta de frenos, no detuvo su marcha y chocó con los paragolpes de contención causando la muerte de 51 pasajeros y más 700 heridos. Esa misma desidia ha hecho que por caminos en mal estado y ante la falta de autopistas, murieran por accidentes de tránsito en los últimos 20 años casi 200.000 personas. Convengamos entonces que para los argentinos no son sólo los tifones ni los monstruos marítimos los que provocan catástrofes, sino la infraestructura obsoleta y vetusta que repara con alambres el mantenimiento de maquinarias altamente sofisticadas.
Algo así parece haber sucedido con el accidente que hace poco más de una semana nos conmueve. Digamos las cosas sin eufemismos. El país se ha convertido en un territorio que busca generar epopeyas de gente que, en realidad, son víctimas de su corrupción institucional. Quizá no sea difícil encontrar ahora en la tragedia del ARA San Juan y sus 44 tripulantes las carencias no sólo militares de una nación, sino también estructurales, y que la verdadera causa debe buscarse en el abandono de una política decadente donde la defensa diseñada en democracia falla de manera evidente.
Acaso para entender mejor estos hechos tan tristes es necesario retroceder a la década de los 80’. La rendición en Malvinas fue el fin de una escalada de desaciertos que llevó a los militares argentinos a una fuga hacia delante sin posibilidad de negociación; todo se les caía encima y lo único posible era fabricar una guerra. Lo cual hizo que por primera vez, después de la previsible derrota, los últimos gobernantes de facto fueran juzgados y condenados, con lo que se abrió una larga secuencia que, entre idas y vueltas (aprobación y derogación de leyes de obediencia y punto final; indultos concedidos y luego eliminados, etc.), aún continúa con los procesos por violaciones a los derechos humanos. Esto llevó a que la tecnología de la defensa territorial se modificara y las hipótesis de conflicto variaran diametralmente, provocando el hundimiento de la corporación militar, que nunca estuvo sola en el país y fue acompañada por un visible desinterés para pensar y ejecutar una nueva política de las Fuerzas Armadas. Fue así como la desmantelada institución se convirtió para el resto de la dirigencia argentina, en especial para los populismos de turno, casi en una incómoda decisión presupuestaria. Esos prejuicios mal curados llevan todavía hoy, después de demasiado tiempo, a que el poder político siga condenando a los militares al previsible o susceptible castigo.
Muy de vez en cuando aparece una noticia sobre esta extendida situación de inoperancia por la falta de recursos para marinos, aviadores y soldados; o de las consecuencias por desgracias que ocurren debido al uso de herramientas superadas por el tiempo. Se ha filtrado la información de que para la Cumbre del G-20, a realizarse en la Argentina, habrá que alquilar a Chile aviones de guerra y otros equipos para brindar un escudo de protección a los jefes de Estado más importantes del mundo que visitarán Buenos Aires. Un melancólico y verdadero despropósito. Consecuencia de esa desidia.
Pero sigamos haciendo historia. Hacia mediados de la década del 90’, la violenta muerte de un soldado, derivó en el final del “servicio militar obligatorio”. Hacía décadas que se sabía que el reclutamiento masivo era un innecesario disparate, definitivamente arcaico; sin embargo, una falta de políticas de Estado lo seguía aplicando y haciéndoles perder uno o dos años de su vida a los indefensos jóvenes. Un poco más acá en el tiempo, hacia finales de los doce años de kirchnerismo, el Ejército recibió algunos recursos económicos, pero sólo a los fines de que su jefe, el desprestigiado general César Milani (hoy en la cárcel por causas de represión y corrupción), hiciera espionaje interno.
En estos días, la desaparición del ARA San Juan, cuando todavía falta conocer el desenlace y establecer las causas del desastre, es apenas el último y más llamativo eslabón de una larga cadena que no termina de cortarse. Como a la salud de una persona, a la defensa un país se la extraña sólo cuando se la necesita. Tal vez sea hora de encontrarla. O no. Pues la Argentina es el paradigma del gran país de las postergaciones y el despilfarro.
Razonemos el ahora. Los militares de hoy, ajenos por edad y por convicciones, ya que varias décadas nos separan de las aberrantes dictaduras padecidas, siguen pagando el alto precio de aquellos años en los que la política de defensa era bifronte; es decir, reprimía el terrorismo interno y, a la vez, aspiraba a concretar las veleidades bélicas de burdos comandantes que buscaban convertir en guerras cualquier absurda hipótesis de conflicto. Es así como treinta y cuatro años después de perder el poder, la corporación militar sigue sin encontrar un lugar, despeñada en una larga y languideciente decadencia. Es probable que ahora, una vez que el episodio se haya cerrado, con o sin rescate del submarino, vuelva también a borrarse el interés en responder la pregunta que hoy envuelve todas las dudas: ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas? Las críticas sobre la carencia de recursos presupuestarios, la falta de equipamiento o de adiestramiento del personal son admisibles solo a condición de encuadrarlas en un contexto mayor que quizá no se justifique ya que las prioridades son otras; tales como la educación y la salud, cada día más deficientes.
Lo concreto es que hoy son 44 las víctimas directas con ínfimas esperanzas de encontrarlas con vida. Y no hablamos de entes abstractos, sino de seres humanos, de personas comunes que ejercían una actividad infrecuente como es tripular un submarino; bastante caduco, claro, que más que acciones efectivas servía como elemento de instrucción o distracción, porque el patrullaje de las costas argentinas es lo más ineficiente que se conoce en el mundo. Allí, pagando la correspondiente tasa secreta, se puede pescar a total discreción sin ser molestado por nadie. Cosas de este generoso país. Y de la corrupción, por supuesto.
Ya no hay dudas, en estos arduos tiempos que vive la Argentina, se debe valorizar un avance formidable de la recuperación democrática. Algo que sirvió sólo en parte para restringir la violencia institucional (que persiste, dolorosamente), pero fue fundamental para terminar con las Fuerzas Armadas como factor de poder sobre el sistema político, y sobre el pueblo indefenso. Un jugador poderoso, corporativo, protagónico y hasta sensible a las coimas en todos los golpes de Estado. Aislar esa variable nefasta ha contribuido, sin duda, a la gobernabilidad civil de los últimos treinta y cuatro años de la Argentina. Una gobernabilidad inestable, imperfecta, por cierto, pero única en nuestra vapuleada historia. Tamaño logro no admite ni remotamente retrocesos ni revisiones, así vengan envueltos en un lenguaje modernizador. Concluyó definitivamente ese tipo de atropello a la democracia y eso es saludable para toda la sociedad.
Se desconocen aún las causas concretas de esta desgracia marina y quizá nunca se la conozca con la debida verdad. La estadística enseña que los “accidentes” (entendidos como sinónimo de hechos fortuitos imprevisibles o inevitables) casi no existen. Prevalece el factor humano, las fallas, las negligencias, el dolo, la impericia entre otros factores. Pero, cualquier estadística no explica a priori un hecho, que puede formar parte de las excepciones.
Para finalizar, podemos decir que acaso lo más saludable es abstenerse de construir teorías con culpables de por medio como corolario. Las circunstancias autorizan a suponer que, como casi siempre sucede, sea difícil esclarecer este suceso. La búsqueda del submarino es solo un primer paso. La intervención del Poder Judicial y eventuales comisiones investigadoras parlamentarias, sería el segundo. Lo melancólico sigue siendo que dramas de esta envergadura quedan, por lo general, en manos de magistrados sin experiencia en una materia tan específica. También le falta a este gobierno de CEOS la consabida cintura y entrenamiento para hacer frente al asedio mediático y a las presiones políticas que suelen ser lapidarias.