Escribo este texto cuando he conocido la propuesta de Oriol Junqueras desde la cárcel: proyecta que Carles Puigdemont sea un simbólico presidente de la Generalidad de Cataluña y que el Parlament elija a otro diputado de la mayoría separatista como presidente efectivo de esa Autonomía.
En este momento desconozco qué piensa Puigdemont de la ocurrencia del jefe republicano catalán. Supongo que convertirse en una especie de monarca moderno, sólo que sin “auctoritas” y sin sueldo en Bruselas (y hasta que el juez Pablo Llanera active la orden europea de extradición), no es una propuesta muy atractiva para él. Parece claro que de aceptarla, Puigdemont se convertiría en un monigote de Junqueras, aunque todo puede pasar.
En efecto, Carles Puigdemont parece que no será Lluis Companys, el presidente de la Generalitat republicana que se rebeló contra ella al declarar la independencia de Cataluña, y que fue juzgado y encarcelado por la República. Puigdemont no es un héroe, y además se ha alquilado un chalet en una elitista zona valona de Bruselas.
Si fuese un héroe, Puigdemont debería personarse ante el juez Llanera, y con su condición de diputado electo tendría el derecho de presentarse ante el Parlament para obtener la investidura como presidente de Cataluña. Parecido lo hizo el diputado de Herri Batasuna, Juan Carlos Yoldi, en 1986. ¿Qué decidiría en este caso el juez Llanera? Juan Carlos Yoldi, una vez votado, volvió a la cárcel, pero tratándose de alguien que sería elegido presidente de Cataluña, y que no es acusado de delitos de sangre como el etarra Yoldi, lo que fuera a hacer el juez en esta difícil circunstancia es una cuestión para la que no tengo respuesta. ¿Sería posible un presidente de Cataluña en libertad provisional? En cualquier caso, sería presidente hasta que la Justicia decidiera desposeerle de sus derechos políticos, un corto plazo, que oscilaría entre meses (si es acusado de rebelión) y un año (con sentencia firme). En cualquier caso, organizando un follón político.
Mi temor era que Puigdemont optase a hacer esto último, porque esa opción pondría en aprietos al Estado español, aunque sólo fuese en el plano de la imagen internacional de España.
Si Puigdemont no se arriesga a tanto, esto se debe a que es un político típico del sistema de partidos actuales, y comparte sus características con la mayor parte de las figuras partidarias catalanas y españolas.
Para empezar, nuestro sistema de partidos produce en gran medida el tipo de tensiones territoriales que sufrimos; ahora en Cataluña, como hace unos años, en el País Vasco, con Juan José Ibarretxe. Mientras las Comunidades Autónomas se relacionen con el Estado sólo y exclusivamente a través de los partidos políticos, en lugar de con instituciones como un Senado, sede de la política autonómica, crisis como la catalana se darán en el futuro.
Que las tensiones territoriales responden a iniciativas partidarias es algo evidente en Cataluña. El desencadenante se remonta a cuando el president Artur Mas rompió con la tradicional lealtad de CiU con la Constitución. Pero en las presentes circunstancias, los intereses partidarios predominan en el conflicto. Se pueden enumerar. Primero, a pesar de la gravísima polarización, ni los constitucionalistas, ni tampoco los secesionistas, superaron las divisiones partidarias de siempre, con lo cual aumenta el desapego con la política, a la vez que se incrementa la presencia de plataformas alternativas, como la CUP y ANC. Segundo, los partidos políticos han abandonado el debate, singularmente el debate parlamentario, y lo han sustituido con eslóganes mediáticos y tertulias televisivas. Tiene razón Xavier García Albiol cuando reprocha a Inés Arrimadas que no se presente a un debate de investidura; al menos ella podría romper “el derecho a no decidir” que el sectario presidente del Parlament, Roger Torrent, ha impuesto a la política catalana. Pero lo que hace Arrimadas ahora, es parecido a lo que hizo Rajoy cuando renunció a la investidura. Una y otro no dan valor al debate, y creen que lo único que cuenta son los votos. Los partidos políticos son instrumentos de poder, cuando debieran ser -y lo dice la Constitución- instrumentos para hacer política. Y tercero, lo que mueve a los partidos es sólo las elecciones, y como ahora son un riesgo en Cataluña, no habrá allí unas nuevas elecciones.
Por último, los jueces y magistrados ocupan -a su pesar- el espacio de la política, ante el vacío dejado por los partidos, el parlamento y el Gobierno. Y ese hecho alterará el equilibrio de los poderes.
Si (
No(
