El secretario de Difusión del Govern, Antoni Molons, detenido esta mañana por la Guardia Civil, que le investiga por un delito de malversación por los gastos del gobierno catalán para la publicidad del referéndum del 1-O, ha quedado en libertad esta tarde tras prestar declaración en la comandancia de Barcelona, aunque se ha acogido a su derecho a guardar silencio.
Molons ha abandonado hacia las 16.20 horas la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, donde había sido trasladado al mediodía para tomarle declaración como detenido después de que agentes del instituto armado registraran su vivienda y su despacho en el Palau de la Generalitat.
En declaraciones a los periodistas a su salida de la comandancia, Molons ha indicado que ha decidido que declarará ante el juez cuando se le requiera.
El juez, que también ha ordenado el registro de la sede de Òmnium Cultural, indaga en los registros si la Generalidad financió publicidad del referéndum del 1-O mediante pagos opacos a la entidad cultural, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga los preparativos y recursos destinados al referéndum del 1-O tras abrir una causa a raíz de las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el ejecutivo catalán disponía de una partida "camuflada" de 400 millones de euros para organizar la consulta.
Los investigadores sospechan que la financiación de la publicidad se pudo vehicular a través de pagos del Govern a Òmnium Cultural, entidad que habría encargado la confección de la campaña publicidad del 1-O.
¿Qué se sabe?
La investigación ha constatado hasta ahora que el Govern se gastó cerca de medio millón de euros en insertar en medios de comunicación publicidad relacionada con el referéndum del 1-O, concretamente 277.804 euros para el anuncio "Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?", que animaba al voto y se sufragó a cargo del presupuesto de un contrato programa que la Generalidad tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
Otros 224.835 euros, sostienen los investigadores, se destinaron a la campaña "Sí o no", dirigida a promover la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero en un registro para permitirles supuestamente participar en la consulta del 1-O que suspendió el Tribunal Constitucional.
Ambas partidas fueron pagadas con fondos del Departamento de Presidencia, que dirigía el exconsejero Jordi Turull, pero la Guardia Civil cree que la Generalidad destinó una suma mayor a la publicidad del 1-O que no es posible determinar debido a las "argucias" del Govern para camuflarla.
Por ese motivo, los investigadores tratan de averiguar si la financiación de la campaña publicitaria, así como otros gastos relacionados con el referéndum, se enmascaró mediante pagos a las entidades soberanistas, entre ellas Òmnium.
"Ningún euro de la Generalitat"
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha negado que la entidad se financie con dinero público, y ha avisado de que no se dejará "amedrentar" por estos registros.
La Guardia Civil ha registrado durante más de diez horas la sede y, según la propia entidad, se ha llevado "la contabilidad de 2016-2018", en papel y copia en CD, en total 10 gigabytes de documentación y 320 del banco de imágenes gráficas, además de tres teléfonos, cuatro discos duros y la intervención de cuatro correos de trabajadores.
Mauri ha considerado una "vergüenza democrática" este registro, que ha calificado de "inadmisible y desproporcionado", un día antes de que se cumplan "cinco meses" del encarcelamiento del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.
"No encontrarán, seguro, ningún tipo de vinculación económica entre la Generalitat y Òmnium", ha recalcado. "Desde hace muchos años" la entidad "se financia de forma privada y no recibe ningún euro de la Generalitat", ha añadido.
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