Consideran "inadmisibles" las declaraciones del ministro y le acusan de "no respetar la independencia del poder judicial".
Las siete asociaciones de jueces y fiscales han solicitado en bloque la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones sobre el juez que emitió un voto discrepante en la sentencia de La Manada, en las que ha insinuado que "tiene algún problema singular" que "todos" saben.
En un comunicado conjunto al que ha tenido acceso Efe, las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales consideran que las manifestaciones de Catalá representan una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales, cuando, a su juicio, simplemente se debería limitar a "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".
"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", opinan las asociaciones.
Creen que Catalá ha sembrado "públicamente dudas sobre la capacidad y condición" del juez Ricardo Javier González, que emitió un voto particular discrepante a favor de la absolución de los cinco integrantes de La Manada y en contra de la sentencia mayoritaria, que les condenó por abusos sexuales, y no agresión sexual, a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016.
El "verdadero peligro", sostienen las asociaciones, es "la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor".
Jueces y Juezas para la Democracia ya pidió el pasado 28 de abril el cese de Catalá por sus "inadmisibles" declaraciones en las que pedía la revisión del voto particular del magistrado por el CGPJ. Una postura a la que ahora se han unido el resto de asociaciones.
Catalá, que fue reprobado por el Congreso el año pasado, ha manifestado esta mañana en declaraciones a COPE su sorpresa por que el Consejo General del Poder Judicial no haya actuado "preventivamente" contra este magistrado que, ha dicho, tiene "algunos expedientes ya abiertos".
Poco después, el CGPJ ha informado de que Ricardo Javier González fue sancionado por el órgano de gobierno de los jueces en julio de 2001 por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones.
Actitud "escandalosa"
Los jueces y magistrados de Navarra y las secciones territoriales de diversas asociaciones judiciales califican de "escandolosa" la actitud del ministro Rafael Catalá en relación con la sentencia de La Manada y el autor del voto particular y consideran que sus palabras deberían "provocar su inmediata dimisión".
Tras recordar que Catalá es el "único" ministro de Justicia reprobado en la democracia, los firmantes del comunicado critican sus declaraciones "sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional".
Le acusan además de exigir "responsabilidades políticas" y de apuntar que este magistrado tiene "algún problema particular" con "la clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos".
"Estas manifestaciones, que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia, deberían provocar su inmediata dimisión", subrayan la Asociación Profesional de la magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, además de jueces y magistrados de la comunidad.
Los firmantes destacan que "el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado".
Por ello, dicen, "resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor".
El CGPJ pide "mesura"
El Consejo General de Poder Judicial ha pedido al Ejecutivo "moderación, prudencia, mesura y responsabiliad institucional", para evitar la utilización política de la Justicia o "el cuestionamiento de la imparcialidad, la independencia y la profesionalidad" de los jueces.
En un comunicado hecho público esta tarde, el CGPJ admite que es necesaria una reflexión sobre la igualdad en vista de los "acontecimientos vividos en las últimas jornadas", pero a la vez pide respeto y prudencia a los responsables públicos, que en los últimos días han vertido multitud de opiniones, no sólo contra el juez González, sino también contra el resto de magistrados que firman la sentencia de La Manada, pidiendo en la mayoría de casos la destitución de todos ellos.
Antes, José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que no le consta que el juez discrepante de la sentencia de la Manada tenga "algún problema singular" tal y como ha dicho el ministro de Justicia, al que ha pedido que aclare esa información.
"Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben", ha subrayado Macías, que ha destacado que la obligación del Ministro es colaborar con el "buen funcionamiento de la Justicia y con el Consejo".
A su juicio, las declaraciones de Catalá no contribuyen a "la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia y del poder judicial, por lo que ha pedido al ministro que aclare "lo que ha querido decir para despejar esa duda" y ha afirmado que "seguro que nada más lejos de su intención que el haberla generado".
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