Catalá, arrollado por La Manada

Si en nuestro editorial de ayer, calificábamos de lamentables las descalificaciones de los secretarios generales del PSOE y Podemos con la sentencia de La Manada, más grave aún resulta el ataque del ministro de Justicia al juez Ricardo González por su voto particular. El señor Catalá, como corresponde a su cargo, siempre se ha negado a comentar las decisiones de los jueces con el acertado argumento del respeto a la separación de poderes.

Pero en esta ocasión, el ministro se ha dejado arrollar por la indignación popular que ha desatado el caso. Buena parte de los medios de comunicación, las asociaciones feministas y los partidos de extrema izquierda habían preparado el terreno para alentar las movilizaciones, aun antes de que se dictara la sentencia, por la sospecha de que el tribunal no iba a condenar como ellos pretendían a los integrantes de La Manada.

Conviene recordar, que la fiscal había pedido al tribunal que la condena fuera por violación, dos de los magistrados (los que dictaron la sentencia) estimaron que se trataba de abusos sexuales y un tercero, Ricardo González, concluyó que no había pruebas suficientes y pidió la absolución. Resulta evidente que ni los encargados de interpretar la ley de la Audiencia Provincial de Navarra estaban de acuerdo en la gravedad de los hechos.

Pese a que ni los más beligerantes con la sentencia han asistido al juicio ni han estudiado las pruebas de la acusación ni de la defensa, en su libertad de expresión tienen todo el derecho a criticar el fallo del tribunal. Pero ni los miembros del Ejecutivo como el señor Catalá, ni del legislativo como los secretarios generales del PSOE y de Podemos deberían atacar al poder Ejecutivo, respetando así la separación de poderes que tanto defienden. De ahí, que las Asociaciones de Jueces y Fiscales hayan pedido la dimisión del ministro de Justicia. Sobre las torpes declaraciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sin embargo, no se han pronunciado.

El juicio a La Manada ha provocado una auténtica convulsión en la opinión pública. Con razón, los protagonistas de la supuesta violación o de los abusos sexuales se han convertido en unos repugnantes delincuentes para la mayoría de los españoles. Pero la indignación popular no puede arrastrar al ministro de Justicia a unirse a la manifestación. Ni la profunda crisis que sufren el Gobierno y el PP es excusa para que el señor Catalá ataque tan cruelmente a un juez por haber redactado un voto particular que le desagrada. Y menos aún entrar en descalificaciones personales al tildarlo poco menos que de loco al decir que “tiene algún problema singular”. Por lo que se ve, el caso de La Manada se ha convertido en un asunto de Estado. Y el Gobierno va pisando todos los charcos.