La guerra del taxi

Resulta inadmisible que un grupo de taxistas, que ni siquiera representan a la mayoría, ejerzan impunemente la violencia, alterando la seguridad ciudadana en Barcelona, Madrid y Valencia. En los cinco días que lleva la supuesta huelga, han destrozado una decena de coches de VTC, algunos con pasajeros en su interior, y se han producido más de cien agresiones físicas a conductores de las plataformas Uber y Cabify. Nada ha hecho el Gobierno ante el inadmisible chantaje.Fomento se ha reunido con los responsables sin alcanzar un mínimo acuerdo. Solo intenta traspasar las competencias del litigio a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas; una vez más, zafarse de su responsabilidad.

En plena operación salida, miles de turistas se han visto obligados a caminar largas distancias cargados de maletas, mientras las principales ciudades españolas sufrían el colapso provocado por los taxistas que han cortado la Castellana en Madrid y la Gran Vía en Barcelona. Un servicio público esencial que se ha dedicado a alterar la paz social en lugar de cumplir con su responsabilidad ante la pasividad y la incompetencia del los Gobiernos de Sánchez y Colau.

Hasta ahora, ninguna Administración ha sido capaz de resolver el litigio entre el gremio de los taxistas y las plataformas de Uber y Cabify. Unos pretenden mantener el monopolio que disfrutan y los otros apelan a la libre competencia. El Gobierno de Zapatero liberalizó la irrupción de los VTC, el de Rajoy intentó embridarlo y el de Sánchez deambula despistado por el limbo sin saber qué hacer e intentando pasar la pelota a las Administraciones locales y autonómicas, lo que supondría un desbarajuste. Mientras, Podemos aprovecha el marasmo para extender y protagonizar la agitación social y deteriorar, de paso, la imagen del Ejecutivo.

El Gobierno no puede amedrentarse ante el chantaje. Está obligado a mantener el orden público e impedir que los taxistas ejerzan la violencia impunemente y campen a sus anchas bloqueando durante días las principales arterias de Barcelona y Madrid. Tiene que regular el porcentaje de licencias de unos y otros respetando la libre competencia. No puede zafarse de su responsabilidad como suele hacer Pedro Sánchez cuando estallan las crisis.