"Lo sentimos", ha declarado el presidente del Supremo ante los medios.
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, ha reconocido una mala gestión en la sentencia sobre los impuestos hipotecarios. "Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha declarado ante los medios. Además, Lesmes ha asegurado que no hubo presión por parte del sector y no recibió ninguna llamada alertando del riesgo sistémico.
El aplazó este lunes hasta el próximo 5 de noviembre su decisión sobre el controvertido criterio que atribuye el impuesto de las hipotecas a la banca, que desde que se conoció el fallo, el pasado jueves, ha perdido cerca de 8.200 millones de capitalización en Bolsa.
Tras conocerse que el Supremo se ha dado dos semanas de plazo, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, José Luis Martínez Campuzano, ha dicho que hasta conocer la postura final, "cada banco tomará las decisiones que considere oportunas de acuerdo a su propia política comercial".
De momento, los principales bancos españoles han retirado de sus páginas webs la información disponible sobre las hipotecas, a la espera de que el alto tribunal aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos.
El TS paraliza los recursos
La sala segunda de lo civil del Tribunal Supremo ha decidido suspender sus deliberaciones sobre distintos recursos presentados sobre el impuesto de actos jurídicos documentales en préstamos hipotecarios hasta que se pronuncie el Pleno de la Sala Tercera, previsto para el próximo 5 de noviembre.
El pasado 16 de octubre la sala tercera del alto tribunal emitió una sentencia en respuesta a un recurso de la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vaciamadrid, en la que decidió que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.
Tras la controversia y la polémica levantadas por el fallo, el presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez Picazo, convocó para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.
Antes de que dictara la sentencia del 16 de octubre, la sala primera estaba viendo cuatro recursos relativos a varios gastos hipotecarios, entre ellos el impuestos de actos jurídicos documentados. Y ahora, según han indicado a Efe fuentes jurídicas, ha acordado suspender sus deliberaciones hasta que se pronuncie el pleno.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya aclaró que la sentencia que hacía recaer en la banca el pago de este impuesto, es "firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio".
La paralización no implica la suspensión de la reciente doctrina, que continuará siendo la vigente hasta que el pleno, compuesto por 31 jueces, se reúna.
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