Cinismo Supremo

Cuando un acto jurídico adquiere transcendencia pública, es obligación de todo ciudadano inteligente, preguntarse quien es el beneficiario de dicho acto y también de dicha trascendencia. Porque, si solamente lo aparente remueve nuestra conciencia sin examinar mínimamente quien promueve lo que vemos y a quién beneficia, entonces clamamos a ser encadenados con las opiniones de otros.

Y en relación con esta reflexión, he escuchado en los últimos días muchas voces sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. Y en general solamente he oído palabras sobre la pertinencia del impuesto, el poder de las entidades financieras y la corrupción jurídica. Todo lo cual me ha resultado algo abstracto, ideologizado y poco o nada basado en lo que realmente ha de sustentar un análisis político: los hechos. Considero una responsabilidad como columnista, por modesto que sea mi numero de leyentes, ofrecer una perspectiva analítica de lo acontecido e invitar al lector de buena fe, a acompañarme en este empeño.

El pasado 18 de octubre la sala tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia a favor del cliente en un contrato hipotecario, interpretando el artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, de modo que el sujeto pasivo en el pago del impuesto de actos jurídicos documentados sería en adelante y con efectos retroactivos la entidad financiera. Y en apenas veinte días, tras una deliberación en tiempo récord, el mismo órgano jurisdiccional en pleno se desdijo y falló que es el cliente el sujeto pasivo y en consecuencia quien ha de hacer frente a dicho impuesto. Aún calientes las poltronas del Supremo, apareció el presidente del gobierno y anunció la promulgación de un decreto ley que fijará en el futuro a los bancos como responsables del pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Este es el histórico de los hechos, y en apariencia a todos se nos antoja fácil calificar a los personajes. La banca malvada y ambiciosa eximida de sus responsabilidades fiscales en perjuicio de los desfavorecidos. Los jueces mezquinos que cometen la fea acción de servir a los intereses de los malvados bancos, ávidos de poder y riquezas. Y finalmente el bueno de Pedro Sánchez, que con su decreto redentor salva a los oprimidos y castiga a los malvados… No obstante, pido al lector un breve ejercicio de contención y examine lo sucedido paso a paso, preguntándose como y a quien alcanza lo sucedido, pues solo así se es libre para juzgar a cada personaje.

En primer lugar, los hechos redundan sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, el cual es un impuesto indirecto que el Estado impone a todo el que quiere realizar un contrato hipotecario. Es decir, el Estado obliga al sujeto pasivo o contribuyente a pagar un porcentaje por el valor del bien que quiere adquirir. Sin entrar en la pertinencia o no de este impuesto, lo evidente es que el beneficiado de percibir este impuesto es únicamente el Estado, tomando esta evidencia como punto de partida, es entonces cuando empezamos a intuir lo que ha sucedido realmente.

Cuando un acto jurídico se declara nulo de pleno derecho y se dictamina la reversión a la situación anterior del mismo el beneficiado sin causa es el responsable de restituir o devolver lo percibido. En este caso ante el pago de un impuesto cobrado indebidamente es el Estado el que ha de devolver lo percibido, no las entidades financieras. Es decir, cuando la sentencia del 18 de octubre dictaminó que el impuesto había sido cobrado indebidamente y se declaraba su nulidad con efectos retroactivos, estaba obligando al Estado a devolver a los clientes de contratos hipotecarios, lo que en palabras de la propia ministra de hacienda eran como mínimo cinco mil millones de euros. Dejando al Estado entendiéndoselas con los bancos para cobrar dicha suma, en un futuro próximo o en una galaxia muy muy lejana.

Cualquier ciudadano con una imaginación media podrá proyectar en su mente la cara de Pedro Sánchez cuando se le notifica que una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Estado a través de las Autonomías a devolver a los ciudadanos cinco mil millones de euros y que para cobrarlos llame a los presidentes de los bancos… Seguramente sí llamó a un banco, el Banco Central Europeo para preguntar que interés le dejaban por un préstamo similar, pero con el anuncio del pasado verano de que la entidad dejaría de comprar deuda española a final de año, la respuesta no debió entusiasmarle… Pero dejando de lado la imaginación y centrándonos en el materialismo de la política, cabe recordar, como decía Santayana, que la política no es otra cosa que la lucha por la obtención y la preservación del poder. ¿Y que es el poder? El poder no es otra cosa que la razón por la que un cánido se lame los genitales, por que puede. Y siguiendo este principio, y ante el problema que tenía el ejecutivo, es lógico que lo mas sencillo si uno puede es pedirle a quien generó un problema que lo enmiende. Y dado que en virtud del articulo 127 de la ley orgánica del poder judicial, los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por los miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial, y estos a su vez son nombrados según el artículo 122 de la Constitución Española por los políticos, el razonamiento no dejará calvo a nadie meditando lo evidente.

Era el poder político el damnificado por la sentencia del 18 de octubre y el principal beneficiado con la enmienda del 6 de noviembre. Y el único factor que explica tamaña esquizofrenia judicial es el hecho de que, como he dicho, el poder es aquello que uno puede, y aquel que puede poner, puede quitar. Y cuando el poder carece de límites u otro poder que lo controle, sucede que: ante un presidente nombrado legalmente pero sin legitimidad, que acaba de emitir siete mil millones de deuda para pagar las pensiones, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y la oposición mirando su gestión con lupa, se produzca el pánico ante la perspectiva de verse obligado a emitir cinco mil millones de deuda como poco a un mes escaso de la extra de navidad y con el banco Central Europeo cerrándole el grifo a final de año. Por esa razón lo primordial era evitar la retroactividad y desde luego realizar una puesta en escena para desviar la atención pública hacia las entidades financieras, sabiendo además como es lógico que estas repercutirán la obligación de pagar en adelante el citado impuesto a sus clientes.

Y así fue como salió la sentencia que evitaba el desastre, con el presidente, sujetando la espada de Damocles sobre las cabezas del Supremo con la diestra, para acto seguido presentar con la siniestra un decreto ley que aparentase una discrepancia ente órganos institucionales. Tan preocupados estaban en el Gobierno de desvincularse de su ligazón institucional con la justicia que el presidente sentenció: “ayer habló el poder judicial y hoy y mañana hablara el ejecutivo”. Confesando sin saber, el pobre, que infinitamente peor que un ejecutivo con mano en la justicia es aquel que de su puño y letra redacta las leyes que aplica. Tan bruto fue alejándose de su influencia sobre el Supremo que de un manotazo dejó a vista de todos los españoles que en España el legislativo y el ejecutivo carecen de separación alguna.

Pero de lo acontecido, peor que la estrategia cínica del señor Sánchez, dejando al Supremo actual para vestir santos y a punto de caramelo ante la opinión pública para el nuevo reparto de butacones entre los jefes de cada partido. Es el trasfondo de todo el asunto, y es el hecho de que el régimen de poder actual carece de límites ni contra poderes, el que puede lo puede todo. Es decir, una monstruosidad tan evidente a los ojos de la opinión pública, que hablar de separación de poderes en España supone las delicias de cualquier obra surrealista de el Bosco. Y por esta razón es necesario proveer a los ciudadanos de las claves que dan respuesta a su falta de libertad. Pues del mismo modo que el que puede poner a un juez, lo puede quitar, el que concede un derecho, lo puede suprimir. Y tan tiránico es un sistema basado en la fuerza como uno basado en la mentira, con una diferencia, que ante la fuerza que oprime uno solo ha de resistirse para obtener la libertad, mientras que en la mentira o apariencia uno requiere de la verdad para liberarse, y como dijo no hace mucho un sabio llamado Garcia-Trevijano “La idea de que se es libre sin serlo, cambia el sentido mismo de la libertad” haciendo además que esta percepción garantice que jamás serás realmente libre creyendo que lo eres. Por lo cual solo me queda pedir al lector su compañía en el esfuerzo, no de buscar la libertad, sino de difundir la verdad para que sea la libertad la que venga en nuestra busca.