El PP contesta que tendrá que hacer un ejercicio "más exhaustivo" para justificar su rechazo.
El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha anunciado este miércoles que su formación no apoyará los presupuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos por incluir partidas para financiar las leyes contra la violencia de género y de memoria histórica.
"Tendrán que buscar los apoyos en el PSOE o en Adelante Andalucía", ha dicho Alonso en una rueda de prensa en el Parlamento, en la que ha asegurado que ambas normas "fomentan la desigualdad" en unas materias en las que "hay determinadas líneas que no se deben sobrepasar".
En su opinión, la ley contra la violencia de género "favorece a un individuo por encima de otro", mientras la de memoria histórica "discrimina entre unos y otros muertos".
Ha recordado que el acuerdo de investidura firmado con el PP contempla la "reforma" de estas leyes y, aunque ha admitido que "sería un acto de chulería pretender que los 37 puntos del pacto se cumplan en un solo ejercicio", ha asegurado que "hay determinados aspectos que implican dotar partidas que Vox no va a apoyar".
Sobre ello se ha pronunciado poco después el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, que ha puesto en duda que un partido "serio" tome la decisión de no apoyar los presupuestos "por cuestiones tan pequeñas o genéricas" y ha considerado que cualquiera que no esté de acuerdo con esas medidas tendrá que hacer "un ejercicio más exhaustivo" para justificar su rechazo a las futuras cuentas andaluzas.
Nieto ha manifestado en una rueda de prensa que hay una norma en vigor que exige presupuesto en materia de memoria histórica y ha asegurado también que habrá recursos para luchar contra la violencia de género. Ha agregado que se dedicarán partidas a las mujeres del ámbito rural o para facilitar la conciliación, entre otros asuntos.
El portavoz del Grupo Popular ha evitado sin embargo valorar si la ley de memoria histórica "está en un sentido o en otro", pero sí ha recordado que su partido considera que la ley deja "fuera" a una parte "importante" de la sociedad.