Andalucía y Cataluña, tras Pedro Sánchez por la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este miércoles que no descartan ninguna vía, incluida la de una denuncia similar a la del Generalidad catalana, para reclamar al Gobierno central el pago que consideran que les corresponde por la financiación autonómica.

Moreno, que ha visitado a los profesionales que atienden a afectados por el brote de listeriosis, ha reclamado la convocatoria "urgentísima" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y ha dicho que si no se produce barajarán "todas" las medidas posibles. "Incluidas todas, no descarto ninguna", ha respondido al ser preguntado si también podría presentarse una denuncia ante los tribunales como ha hecho el Gobierno catalán.

El presidente andaluz ha dicho que el Ejecutivo central tiene que asumir su responsabilidad en lugar de hacer "de trilero" con las comunidades autónomas, y ha advertido de que él defenderá los intereses de Andalucía "con la máxima intensidad y con el margen de maniobra del que disponga". Ha indicado que el Gobierno central "adeuda" 5.350 millones a Andalucía, que se dividen en los 4.000 del modelo de financiación autonómica y otros 1.350 millones este año del IVA y de las entregas a cuenta.

Ha acusado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de "asfixiar" a Andalucía porque no es de su mismo color político y ha afirmado que el Gobierno autonómico no se va a "callar". Moreno ha acusado también a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de mentir porque, según ha dicho, "no hay ningún documento de la Abogacía del Estado que acredite que no nos pueden pagar lo que es nuestro".

Ha considerado que Montero "ha quebrado su discurso y su credibilidad" en materia de financiación por aludir a un informe que no tenía, lo que ve "una tomadura de pelo" a los andaluces de quien ha sido su consejera de Hacienda durante muchos años.

Por otro lado, los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León, así como los distintos líderes regionales del PP, se han sumado este miércoles para exigir al Gobierno en funciones la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre financiación autonómica. El objetivo es que en este foro, integrado por el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las distintas comunidades en este ámbito, se aborden los fondos pendientes de transferir a las autonomías, un total de casi 7.000 millones de euros, entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017.

Unas cuantías que están sin abonar por encontrarse el Gobierno en funciones, ya que el Ministerio de Hacienda ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado sobre esta cuestión que determina que el Ejecutivo tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha advertido esta mañana de que este "informe fantasma" no puede esgrimirse por Hacienda para estar "amenazando y chantajeando" a las comunidades, sobre todo a las del PP, y ha pedido la convocatoria "urgente" de un Consejo de Política Fiscal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cifra en 1.300 millones la cuantía pendiente y critica que el Gobierno se escude en un "informe inexistente" de la Abogacía del Estado para no transferir estos fondos. Para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "un Gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones" y lo más importante es que los servicios se presten "con normalidad" por lo que es necesario un Consejo Fiscal "inmediato" sobre esta cuestión.

Desde Murcia, el presidente Fernando López Miras advierte de que el Gobierno "no puede quedarse de brazos cruzados" ante la situación "extrema" a la que está llevando a las comunidades. Y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha considerado "urgente" que el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, establezca las fórmulas más adecuadas de financiación para "garantizar el desarrollo de las competencias autonómicas y, por lo tanto, el bienestar de la personas".

Se han sumado a esta petición, así como a las críticas a la ministra María Jesús Montero, los líderes del PP en Canarias, Australia Navarro; Baleares, Biel Company; Castilla-La Mancha, Francisco Núñez; o Comunitat Valenciana, Isabel Bonig; Asturias, Mercedes Fernández; y Aragón, Luis María Beamonte, entre otros. Así como el Extremadura, José Manuel Monago, que asegura que el Estado adeuda a la comunidad 200 millones correspondientes a 2019; y la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que habla de 130 millones.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha asegurado este miércoles que el Gobierno "busca fórmulas" para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y "sortear" el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías. Ha reconocido que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó ayer al Ministerio de Hacienda, pero ha subrayado que la Abogacía mantiene desde 2016 el criterio de que "un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo".