La exhumación de los restos de Francisco Franco, que este martes ha avalado el Supremo por unanimidad, enfrenta ahora un último escollo judicial en la figura de un juez de Madrid, José Yusty, quien mantiene bloqueada provisionalmente la licencia de obras para actuar en el Valle de los Caídos.
Pese que el Supremo representa a la cúspide del Poder Judicial, su decisión no despeja completamente el camino para la exhumación efectiva del dictador y se presenta como una etapa más en el litigio con la familia Franco.
José Yusty Bastarreche fue, por ejemplo, el magistrado que decidió suspender el acto en favor del referéndum catalán que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había autorizado en otoño de hace dos años en un local propiedad del consistorio. Su decisión fue recurrida por la alcaldesa.
El magistrado también había dejado patente años antes su oposición a la Ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que calificó en una ocasión de "monserga".
Igualmente, este juez suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para levantar las losas de mármol que descansan sobre una de granito de 2.000 kilos en la tumba del dictador en el Valle de los Caídos, a petición de un particular.
La impugnación iba dirigida contra el informe de noviembre de 2018 por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado de pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar y la exhumación de los restos mortales.
Yusty aludió en su auto de 25 de febrero que las obras no eran seguras.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha avanzado su intención de exhumar a Franco "cuanto antes" para alejarlo de la campaña electoral.
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