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APUESTA POR EL DIÁLOGO

El Gobierno, de brazos cruzados ante el nuevo desafío secesionista

La ministra portavoz, Isabel Celaá
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La ministra portavoz, Isabel Celaá (Foto: Efe)
viernes 27 de septiembre de 2019, 13:35h
Actualizado el: 28 de septiembre de 2019, 00:02h
"No se dan las circunstancias para la aplicación del 155", ha manifestado la portavoz Celaá tras el Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha manifestado que el Gobierno "no consentirá" que la Generalidad del presidente Quim Torra ataque a la Constitución, después de que el Parlament de Cataluña legitimara la violencia de los CDR.

A pesar de que el jueves fuentes de Moncloa deslizaban que el Gobierno impugnaría la propuesta de resolución aprobada en el Parlamento catalán que insta al activismo, pide la libertad de los presos del procés y declara necesaria "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil", este viernes el Gobierno se mostraba mucho más tibio. El Gobierno, ha aclarado la ministra, está "en disposición de impugnar" las resoluciones, a la espera del informe de la Abogacía del Estado.

En declaraciones a la prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá ha advertido de que el Gobierno "no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut y a la Constitución". Sin embargo, ha aclarado la vía del Gobierno: "No vamos a cejar en nuestra propuesta de diálogo". Por otro lado, sí ha recalcado que no se dan las circunstancias para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

EDITORIAL

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EL IMPARCIAL

"El Gobierno rechaza las afirmaciones de Torra que acusan al Estado de querer criminalizar a los CDR", ha manifestado Celaá, después de la polémica por la bronca que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de abroncar a la Guardia Civil por realizar las detenciones sin avisarle.

El Parlament aprobaba este jueves una resolución de la CUP -que ha recabado el apoyo de JxCat y ERC, el voto en contra de PSC, comunes y PPC, mientras que los diputados de Ciudadanos no han votado- que reivindica el 1-O como un "referéndum legítimo y legal".

La iniciativa, además, subraya la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados".

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