La oposición se querella contra Marsans por el caso Aerolíneas

Según Gerardo Morales, presidente de UCR, la denuncia podría extenderse incluso a la Sociedad Estatal de Participaciones Industrial (SEPI) de España, en caso de que el juez que se haga cargo del caso “extienda la responsabilidad” a funcionarios de la misma. Según UCR, la crisis de la compañía, que motivó la intervención del gobierno argentino, tuvo su origen en los 758 millones de dólares que la SEPI entregó a Marsans en 2001, cuando se transfirió la titularidad de Aerolíneas al grupo español.

Según Morales, 300 de esos 758 millones debían destinarse al pago de las deudas de la compañía aérea. Sin embargo, explicó “Aircomet compró créditos para actuar en el concurso como deudor y acreedor en perjuicio de la masa de acreedores”. Además, denuncia que Marsans también contabilizó como capitalización propia otros 114 millones de dólares de los fondos de la SEPI.

La denuncia de los radicales se extiende también al Gobierno argentino y, más en concreto, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a quien acusan de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación y malversaciones de caudales públicos”.

UCR cree sospechoso que el ejecutivo argentino impugnara “los falsos” balances de Aerolínes de 2002, 2003 y 2004 y que luego los aprobara sin problemas a mediados de 2006, después de acordar con Marsans el incremento de un 5% de la participación estatal en la empresa. “Los falsos balances expresaban el manejo delictivo en términos de haber utilizado indebidamente recursos del Estado español”, insistió Morales, que indicó que su demanda “tiene pre-constituida prueba” en los tribunales españoles.