La ley de libertad sexual, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, ha provocado la primera gran bronca dentro del Gobierno. Era previsible que antes o después se produjera un enfrentamiento entre miembros del PSOE y de Podemos. Pero resulta llamativo que las discrepancias se hayan desatado en público con las declaraciones de Irene Montero y Carmen Calvo.
La ley que se tramitará en el Congreso contiene “fallos técnicos”, como ha denunciado el ministro de Justicia. Pero la exageración y el dogmatismo de algunas de las normas suponen, en realidad, el gran error de la propuesta legislativa. Era de esperar que ante la imparable avalancha de casos de mujeres maltratadas, violadas o asesinadas, el Gobierno y, en concreto, el Ministerio de Igualdad, abordaran esta lacra con medidas para frenar la tragedia que sufren infinidad de mujeres.
Pero las prisas por presentar la ley antes del 8-M han provocado la elaboración de un texto desmañado y, como decíamos, exagerado. Entre los muchos defectos que contiene, llama la atención que un “acoso callejero” pueda convertirse en delito. Y es que resulta muy complejo diferenciar entre un hombre que acosa violentamente o con tocamientos a una mujer indefensa, lo cual debe ser denunciado y condenado, y otro que, incluso siendo torpe y ordinario, pretenda entablar una conversación con una mujer. Llevado hasta el absurdo, se corre el riesgo de que un piropo termine calificándose como delito.
La nueva ley también puede producir problemas de seguridad jurídica como que las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia sexual recibirán todo tipo de ayudas económicas y laborales antes, incluso, de que medie una sentencia judicial. O que ninguna mujer extranjera que denuncie haber sido violada podrá ser expulsada de España. Dos medidas que pueden suponer un coladero para la picaresca.
El Ministerio de Justicia ha denunciado alguno de los errores del proyecto de ley, como la “inadecuada técnica legislativa”, el uso de "contenidos normativos que no requieren rango legal", que "no queda clara la delimitación con la ley integral contra la violencia de género" y que “hay artículos duplicados con otras leyes vigentes”. Por estos comentarios, Echenique ha declarado que “parece ser que hace falta un machote para arreglar la ley”, refiriéndose al ministro de Justicia.
Es lógico que se produzcan enfrentamientos entre miembros del PSOE y de Podemos. También lo es que el Gobierno legisle para intentar frenar esa tragedia que sufren muchas mujeres. Pero no se puede presentar una chapuza precipitadamente para celebrar el Día de la Mujer con una nueva ley en la pancarta, menos aún, con planteamientos tan absurdos que pueden convertir el proyecto en papel mojado. Y, sobre todo, la batalla contra la violencia machista o de género es transversal, no es exclusiva de la izquierda. Aunque socialistas y comunistas, en su incansable proselitismo, presuman de luchar más que nadie contra esa lacra. La realidad es que desde que gobierna el PSOE, los casos se han multiplicado. Y, naturalmente, no es culpa del Ejecutivo. La única responsabilidad de Pedro Sánchez (o Irene Montero) pasa por legislar con medidas ridículas e irrelevantes cuando el problema hay que abordarlo, sobre todo, desde la educación. Si no, las agresiones sexuales seguirán multiplicándose por mucho que se endurezca la ley.
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