En el libro primero de Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides ofrece una interesante reflexión sobre por qué Ática, la región donde se situaba Atenas, pese a tener un suelo más árido que el resto de zonas de Grecia, era la que tenía un mayor desarrollo. La conclusión del historiador ateniense era que Ática tenía menos recursos, pero más seguridad. La inseguridad reinante en el resto de regiones de Grecia, con suelos más fértiles, llevaba a que “cada uno sacase de su propia tierra sólo lo indispensable para vivir, y no acumulase riquezas ni efectuase plantaciones, puesto que nadie sabía cuándo otros se les echarían encima”. Tucídides narra como “los hombres más poderosos, al ser desterrados del resto de Grecia debido a guerras o a disensiones internas, se refugiaban en Atenas por aprecio a su estabilidad y, convirtiéndose en ciudadanos”.
A la hora de analizar la causa de la riqueza y el progreso de los territorios es habitual apelar al grado de desarrollo industrial, a la capacidad exportadora o al desempeño bélico en los últimos siglos. Algunos autores como Kaplan en La venganza de la geografía señalan incluso el contexto geográfico y la realidad natural como el factor determinante para la prosperidad de un pueblo, pero pocas veces se habla del elemento seguramente más importante: la seguridad jurídica.
Sáinz Moreno define la seguridad jurídica como la cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente, lo será en el futuro. Partiendo de esta definición parece obvio pensar que la seguridad jurídica, nacida como una garantía del individuo, está detrás de todas y cada una de las decisiones individuales que hacen progresar a un territorio. Nadie montaría una zapatería si supiese que se podría prohibir la venta de calzado arbitrariamente en cualquier momento, o si temiese que de la noche a la mañana los impuestos que gravan su actividad pudiesen triplicarse.
La seguridad jurídica no está vinculada exclusivamente a la estabilidad y previsibilidad del ordenamiento jurídico, sino que va íntimamente ligada a conocer quién tiene atribuida la competencia legal para tomar las decisiones que nos afectan en el día a día, un aspecto especialmente importante en los estados descentralizados, en los que la decisión política se reparte entre varias administraciones.
Últimamente estamos asistiendo a una suerte de trastorno bipolar en algunas fuerzas políticas, que apelan indistintamente a la descentralización y a la recentralización en función del rédito político que pueden obtener, del desgaste que supone para su adversario la toma de ciertas decisiones y de la mayor o menor afinidad con las políticas que se adoptan en los distintos territorios.
Evidentemente, el sistema no ha de ser estático, y probablemente uno de los mayores errores sería no tratar de mejorar constantemente los modelos de descentralización a través de una racionalización de las competencias y estructuras; pero la redefinición de los sistemas tiene que venir de un debate amplio y estructural y, sobre todo, no puede ser fruto del oportunismo político del instante, por diferentes razones.
En primer lugar, porque las decisiones políticas que toman las diferentes administraciones, dentro de la legalidad, son tomadas por gobiernos democráticos que han sido elegidos por la ciudadanía, una ciudadanía que eligió un programa y unas políticas concretas, y que tendrá ocasión en las sucesivas elecciones de avalar, o no, la actuación de sus representantes electos. No se puede hurtar la elección libre de los ciudadanos.
En segundo lugar, porque los ciudadanos deben tener certeza sobre quién toma las decisiones que afectan a su día a día, ya que ello les permite predecir el sentido de las mismas y poder actuar con libertad y seguridad, progresando individualmente y haciendo progresar a la sociedad y a sus familias.
En tercer lugar, porque en los estados de derecho el límite de la actuación de los poderes públicos se encuentra en la Ley, sin que la función de ninguna administración sea arbitrar o reconducir la actuación política legal del resto.
En cuarto lugar, porque los sistemas democráticos y los estados de derecho necesitan de un robustecimiento constante para sobrevivir. Su deslegitimación, fruto del oportunismo, fortalece a sus enemigos e impide un debate necesario sobre cómo seguir mejorando los mismos.
Si (
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