En plena tercera ola, que lleva camino de convertirse en la más letal, ha estallado la guerra entre la Unión Europea y las empresas farmacéuticas por el retraso en la distribución de las vacunas. En España ya hay 10 comunidades con escasez de dosis; Madrid y Cataluña han tenido que suspender la administración del medicamento.
La Unión Europea, que se ha encargado de negociar y distribuir las vacunas a todos los países socios, no puede limitarse a culpar a las empresas farmacéuticas. Tiene que aclarar el contenido de los contratos y exigir a las empresas que los cumplan. Porque cabe la duda de que esos documentos, además de opacos, no habían asegurado el ritmo de la distribución.
Las empresas farmacéuticas, por su parte, aducen problemas logísticos e insisten en que no existe compromiso alguno en el calendario de la distribución. No hay que descartar que, como sospecha Bruselas, Pfizer y AstraZeneca han vendido su producto al mejor postor que ha sido Israel, el país que se ha adelantado a Europa, ha llegado a acuerdos con las farmacéuticas y además paga más por el producto. Y es que, al final, se trata de empresas privadas que han invertido dinero y esfuerzos en crear el medicamento y aspiran a obtener beneficios.
De ahí, la urgente necesidad de que la UE presione con inteligencia a las farmacéuticas para obtener las vacunas acordadas que necesitan los ciudadanos europeos, abatidos por la virulencia de la tercera ola. Los dirigentes de Bruselas han pecado de ingenuos. Israel, con habilidad, se ha adelantado a todos y ya ha vacunado a más de la mitad de la población, mientras en Europa no se ha administrado el medicamento ni al 2 por ciento de los ciudadanos. Eso sí, Pedro Sánchez, no mueve un dedo, pero sigue prometiendo que antes del verano el 70 por ciento de la población española estará inmunizada. Y si no fuera así, como parece, la responsabilidad recaerá en la UE y en las Autonomías. Es lo que él llama la cogobernanza.