El intento de manipular el CGPJ evidencia la inestabilidad de nuestra democracia. El democrático es régimen político de sociedades seriamente vertebradas. Si no lo son, se exponen a cualquier tipo de vaivenes. Cuando el poder político circuye la crítica con artimañas diversas, algo fétido hay en su estructura. Y el mal olor impregna a todo el país. Es signo de gestión precaria, índice de arribismo con propaganda e intimidación de quienes argumenten en contra. El político confunde su gestión con la hacienda del partido y, en él, con trapisondas de grupo. Los demás, embozados.
La democracia española se reduce al voto canalizado por el poder político y a su malabarismo parlamentario. Este procedimiento tergiversa la voluntad general de las urnas. Disfraza la representación obtenida. Las sumas parciales se imponen a la mayoría natural, que es el fundamento del Estado. El destino del voto queda desviado y muchos votantes no reconocen en él su confianza. La mayoría se siente frustrada por pactos antes desconocidos que diluyen el valor del sufragio y lo convierten en mercancía de lonja, cortijo y logia.
Tales manejos enturbian el concepto y función de la política. Infectan su raíz. Suscitan el descrédito. Tensan las relaciones e incrementan la desidia y la abstención. Y esta praxis horada el Derecho que, no obstante, la posibilita. La razón es que la democracia depende de un gesto sutil y simple: el sufragio realmente manifestado en las urnas y regentado por gobernantes electos según la “virtud política” que Montesquieu atribuye al Espíritu de las Leyes (1748). El artículo sexto de este tratado introduce la famosa división de los poderes legislativo, parlamentario; ejecutivo, gubernamental; y jurídico. En ellos se basa e inspira la constitución legal de los Estados modernos. La Unión Europea solicitó en julio de 2013 una evaluación periódica de los países miembros respecto a los principios del Estado de Derecho. Y la Comisión los resumió el 11 de marzo de 2014 con criterio aún acorde al texto de Montesquieu: “la legalidad, que implica un proceso legislativo transparente (…); la seguridad jurídica; la prohibición de la arbitrariedad de los poderes ejecutivos; unos tribunales independientes e imparciales; la revisión judicial efectiva, incluido el respeto de los derechos fundamentales; y la igualdad ante la ley”.
Al no respetar el sentido del voto mayoritario y la independencia judicial, cunde la sensación de fraude encubierto y de turbia alquimia electoral. El disimulo puede ampararse en las leyes constituidas con variado plumaje. Sus aplicaciones demuestran con el tiempo que no las sostiene el Espíritu de “virtud política” evocado por Montesquieu (Libro Primero). El objetivo de su estudio es, dice, menos el “orden natural” de las leyes que las relaciones entre ellas y las cosas que tratan. Y el método para determinarlas sigue la coalescencia metodológica de la organización social con la uniformidad y constancia invariable de la naturaleza. De esta equidad procede la ley positiva. El hombre evita con su fundamento la destrucción del mundo y la suya propia. Las demás son derivaciones deducidas por el libre albedrío de la inteligencia humana al estudiar la naturaleza en que está inscrita. Por tanto, la noción óntica de ley social y política es también ecológica.
En esta situación nos encontramos. Con un agravante. Las intenciones solapadas y descubiertas a posteriori giran el timón hacia singladuras no anunciadas o incluso proscritas con manifestaciones contundentes. El engaño resulta entonces manifiesto y, la democracia, papel mojado. Puede rondar el desequilibrio y el límite legal según el “espíritu” de la ley que la instaura. ¿Cómo y por qué? Lo primero, al tergiversar la intención de la voluntad mayoritaria y reducirla a mero trámite de poder. Lo segundo, porque a la democracia la fundamenta un singular hilo de fiducia. Tiene un crédito específico. Conocer su densidad es virtud política.
El Gobierno actual genera desconfianza. No consigue sugestionar ni despierta la ilusión que José Ortega y Gasset resaltaba en el partido socialista a finales de la primera década del siglo XX. Desequilibra la representación democrática por más que disimule innovarla y compre voluntades. Fragmenta y secciona las adhesiones. Aprovecha la circunstancia de restricción y merma de contacto social por infección vírica. Diluye la presencia del rostro que la cercanía del habla permite y estimula. Disfraza el cara a cara. Escora de este modo, y en cierta medida justificado, no cabe duda, la gestión administrativa. La retarda, difiere. Crea sensación de lejanía. Y no la reduce, aunque lo pretenda, la apariencia cálida del medio canalizado en extremo con técnicas de brillo, relieve, focos léxicos, tonales, maquillaje. Trampas, a fin de cuentas, para inyectar y sostener un discurso interesado al que el Gobierno destina presupuestos millonarios con réditos políticos. Y la táctica funciona.
A este objetivo va destinada la, una vez más, nueva ley de Educación, conocida como Ley Celáa y cuyo acrónimo suena a canción de verano: “lomloe”. Detrás de ella están demagogos especialistas en la banalización del estudio mediante este ruido mediático de fácil logro y resplandor de pantalla. El único barniz que han conocido. Catedráticos, pedagogos, rectores de Universidad, algún exministro, sociólogos, agentes sociales, instituciones entrópicas del Estado a medida que avanza esta democracia enjuta de aspavientos florales. Y hay que reconocerle, no obstante, un fino entramado social de síntesis política.
Y aquí se interpola algo aún más peligroso. El Gobierno fomenta, poco a poco, y con tales recursos, una vigencia social teledirigida con visos de, por lo menos, autocracia y lenta coerción ideológica. La comunicación reiterada de tópicos, el pantallazo de titulares polémicos, sorpresivos, canalizan la atención y la alejan de problemas, resoluciones que afecten al sostén del poder. Inducen una capa de convención y rutina de hábitos, opiniones. Motivan respuestas reflejas sin tamiz crítico. O establecen una inercia calculada de efecto somnolente. Entre otras razones, porque se han eliminado los filtros de análisis o la capacidad cerebral que los genera. La educación oficial ya no los proporciona. Se pretende una respuesta automática, de clic, consigna.
Estamos entrando en un organigrama robótico con claros signos de aceleración y retracción según muecas institucionales aún no del todo condicionadas. Existe una voluntad política de resignificar conceptos y principios (resetear, dicen los más enterados) para convertir a la democracia en remedo de su sombra. También Montesquieu reconoce, defendiéndose de quienes lo criticaban, que, a ideas nuevas, palabras y acepciones nuevas de las antiguas. Pero ahora se trata de algo ya recurrente y tópico.
Un síntoma de esta pretensión es, por una parte, el neomarxismo convencional, a la española, de actitudes, declaraciones, reabsorción de eslóganes (el partido socialista dejó de ser oficialmente marxista en 1979, pero mantiene su orientación ideológica); y por otra, la evidente zapa paleocomunista de decretos y leyes promulgadas al amparo de la pandemia. Este pretexto de necesaria e inevitable intervención gubernativa socava la Constitución española con el empeño de abolirla. Esboza un régimen federal aparentemente republicano: delegación a las Comunidades Autónomas de gestiones sanitarias contra la infección Covid-19, pactos con independentistas, blanqueo del secesionismo y terrorismo. Un propósito, arriesgado, de normalizar con la función política extremos y tabúes históricos. La intención sería comprensible si las nociones resignificadas no encubrieran tics totalitarios y los actos concernidos no pisotearan leyes, principios que las fundamentan y vidas inocentes.
A la par, el presidente del Gobierno pide en Bruselas a los países miembros una actuación uniforme con la pandemia, vacuna, y fondos monetarios. Solicitud cuyo criterio práctico difiere en España, según convenga. El uso interesado y desvío de Europa también refleja la bicefalia del Gobierno con su ambigüedad sobre el fundamento constitucional, los ataques a la figura del Jefe de Estado, la injerencia en la investigación crítica de la Historia, el abandono de la educación con criterios exigentes, el acoso y desamparo de la propiedad privada, y la censura política en la prensa oficial. Esto en un país que se repuso de la pobreza, el atraso y la Guerra civil de 1936 con mucho esfuerzo, renuncias, oprobios, emigración y ahorro lento, sudado.
La gobernanza socio-comunista carcome el supuesto político que recuperó la democracia en España y nos introdujo en la Unión Europea. Y sin apenas contrapartida seria de las instituciones. La oposición se fragmenta por el interés asimismo comercial del voto. No investiga. Parece no interesarle ejercer el poder en estos momentos complicados. Se equivoca al creer que el desgaste y deterioro político favorece, sin más, su alternativa. Ni en conjunto detendría la insolvencia que, con sus actitudes y resabios, favorece. Y esto por razón también profunda. Vivimos una crisis cultural que supera en proporción a la de 1898. De ella obtienen rédito muchos españoles. Cualquier iluso, mediocre, de fácil sonrisa plástica, con mejilla prominente, voz gruesa, o incisiva, discurso en ráfaga, y cierto lustre cibernético, puede ser líder de algo, leguleyo, resonador de ondas, profeta de libertades, profesor, gerente, tribuno, rector, asir las riendas del Estado.
La política actual es un negocio de mercados que refuerza la paradoja de Lauderdale, formulada por James Maitland en 1804 y aireada por tribunos e ideólogos progues que la aplican, con provecho, al patrimonio nacional: la riqueza privada se logra estrujando a la pública. Conclusión que cualquier bachiller de antes conoce por haber estudiado literatura u oírle refranes a su abuela. Y la tradición sabia desconfía del decrecimiento que, se supone, y proponen, invierte la paradoja de Maitland. España tiene experiencia de ello. ¿Cuántos ricos ha deparado la política, centro, derecha, izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, de lado, pies, manos, ojos y orejas juntos? ¿Cuánto paro, desempleo, acumula? Hay mucho que rebajar en España. La deuda estatal supera los 1300 millones de euros. Vivimos de prestado.
Ante esta situación, ¿sería impropio pedir que, en consonancia y coherencia política, se abstuviera el Gobierno de promover, dictar decretos y leyes al amparo de la pandemia y mientras dure, al menos, el estado de alarma? Los ciudadanos nos sentiríamos más conformes, libres, y menos inciertos.
Si (
No(
