Distintos medios de comunicación han aportado pruebas documentales que demuestran una prevaricación lamentable...
Distintos medios de comunicación han aportado pruebas documentales que demuestran una prevaricación lamentable. El Gobierno de la Generalidad tomó la decisión discriminatoria e ilegal de vacunar a sus policías y posponer la medida para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. La aberrante discriminación ha merecido denuncias y críticas de los más diversos sectores, salvo de los medios afines a los partidos secesionistas y al presidente de la Generalidad.
No es de recibo que se considere a policías nacionales y guardias civiles agentes de un Estado opresor. Desde hace más de cinco siglos Cataluña forma parte de la unidad territorial y política de España y los catalanes votaron abrumadoramente la Constitución de 1978, la Carta Magna que obliga a todos los españoles, libres e iguales ante la ley.
Lo de menos, siendo muy grave, es que si los policías nacionales y los guardias civiles enferman de la Covid-19 pueden contagiar a las ciudadanas y a los ciudadanos que nada tienen que ver con las utopías de Puigdemont y ERC. Lo de más es que resulta sangrante que se favorezca a un sector de las Fuerzas de Seguridad en perjuicio de otros. A eso se le llama prevaricación y es un delito, un caso flagrante de discriminación inaudita.
El 80% de los mozos de Escuadra han sido vacunados. Solo el 4% de los policías y guardias civiles. De los 3.500 guardias civiles que garantizan el orden en Cataluña solo 200 han sido vacunados. De los 3.300 agentes de la Policía Nacional, solo 100. A fecha de hoy. Que las cosas cambiarán parece seguro. Pero la tropelía se ha cometido y la Fiscalía debería ponerse en marcha de inmediato.
