“Punto y seguido” en la Iglesia española tras la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se ha celebrado en Madrid del 19 al 23 de este mes y que se abrió con unas palabras del Presidente de la institución, cardenal Omella, que señaló una vez más que “en nuestro país existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad social. Un reto que tenemos abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social que es siempre garantía de paz social. No es momento para disputas inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático”.
Un inicio de una Asamblea muy fructífera pues se ha aprobado las líneas de acción pastoral para el quinquenio 2021-2025 con el título, “Fieles al envío misionero. Claves del contexto actual, marco eclesial y líneas de trabajo”. Así como la creación de un servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos, o la propuesta de un nuevo testamento vital en el que se recoge que “la persona que firme este texto manifiesta su deseo de que si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica; que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte”.
Una Asamblea que finalizó con la rueda de prensa del Secretario General y Portavoz de la CEE, Luís Argüello, que informó que se han recibido 220 casos de abusos por parte de clérigos en los últimos veinte años. De ellos, 144 pertenecen al clero diocesano y 76 a la vida religiosa. ”Cualquier dato de víctima es un rostro, y desde el victimario, es grave” manifestó monseñor Argüello, que refiriéndose a la polémica con la ministra Ione Belarra, añadió, “es doloroso, injusto y no es adecuado poner todo el foco de los abusos en la Iglesia, que es un escándalo. La Iglesia española quiere colaborar, y agradecemos la ayuda, aunque sea crítica, desde asociaciones y medios de comunicación".
También monseñor Argüello habló de las siempre complicadas relaciones con el gobierno: ”nuestra relación es de preocupante discrepancia, a cuenta de una propuesta antropológica que se ve en leyes como la de la protección del menor, eutanasia, género, aborto o transexualidad”.
Un “punto y seguido” muy fuerte, en “negrita, que nos indica que la Iglesia de nuestro país no quiere volver la cabeza ante los graves problemas de nuestra sociedad, sino indicar que está ahí para señalar el camino más justo.
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No(
