Se lo preguntó Pablo Casado en la última sesión de control al Gobierno y Pedro Sánchez, como siempre, no contestó a su pregunta. El líder del PP quería saber si el presidente del Gobierno había realizado alguna gestión para que el prófugo Carles Puigdemont fuera extraditado a España, como prometió exactamente el 6 de noviembre de 2019, cuatro días antes de que se celebraran las últimas elecciones generales. Sin duda, se trataba de un eslogan tan falso como la mayoría.
El Tribunal Supremo, sin embargo, entiende que el Gobierno no tiene el menor interés ni ha hecho la menor gestión para que vuelva detenido el expresidente de la Generalidad, no vaya a ser que ERC se niegue a negociar los presupuestos para evitar que los secesionistas llamen “botifler” a Junqueras. Por eso, el Ejecutivo no está dando una respuesta judicial en Europa para que Puigdemont sea extraditado, para defender la dignidad de España y de su Justicia, para impedir que el prófugo siga acusando a nuestro país y al propio Tribunal Supremo de formar parte de un Estado “represor”. Pero Pedro Sánchez se muestra apático e incumple su enésima promesa.
Cuatro años lleva en libertad el expresidente de la Generalidad, después de huir cobardemente dejando abandonados a sus compinches. Porque, los que le acompañaron en su intento de dar un golpe de Estado fueron condenados y encarcelados por secesión. Mientras, él se fue a vivir a un palacete con toda clase de lujos a costa del erario catalán.
Tampoco funciona la coordinación judicial entre los países de la UE. Ni Bélgica, ni Francia ni, por ahora, Italia cumplen la euroorden que debería obligar a estos países a detener y extraditar a España a Puigdemont. Y es que el Gobierno, no quiere alterar a los separatistas. Calla y otorga, en lugar de defender al Tribunal Supremo y exigir la vuelta del prófugo para que sea juzgado.
A Pedro Sánchez poco le importa la dignidad de España. Ni siquiera defiende la ejemplaridad e imparcialidad del Tribunal Supremo. Más bien, lo contrario. Por eso, indultó a los secesionistas. Porque de ellos depende la aprobación de los presupuestos y la duración de la legislatura. Y a eso se reducen los esfuerzos y gestiones del presidente del Gobierno. A amarrar el poder.