Los nacionalistas catalanes de Òmnium, la organización de Jordi Cuixart, ha organizado una escuela de “desobediencia civil” que, en realidad, es una pantalla para “volverlo a hacer”. El propio líder separatista ha escrito un libro de título premonitorio: “Ho tornarem a fer”. Si el gobierno pensó que iba a conseguir algo con los indultos, probablemente no se trataba de nada favorable al orden constitucional. Ahora, con renovadas fuerzas y el aura de la liberación, que se presenta como victoria, Cuixart y los suyos prosiguen su ofensiva contra el orden constitucional.
Llamarlo “desobediencia civil” es engañoso porque el desobediente civil incumple la norma, pero afronta el castigo. Aquí, no hicieron frente a nada de nada. Ni se entregaron, ni reconocieron su responsabilidad ni asumieron su castigo. Al contrario, fueron de víctimas y trataron de dar pena. Ya lo decía Junqueras. “Somos buenas personas”. No han sido disuasorias las condenas, ni los términos de los indultos ni la fractura que han causado en Cataluña y en el resto de España. Cuatro años después de los sucesos de 2017, Cuixart inaugura un curso sobre cómo incumplir la ley y buscar pretextos que lo legitimen.
En realidad, de los separatistas catalanes no puede esperarse nada. Nunca se pudo, pero ese es otro tema. El espejismo de que lo de los nacionalistas se resolvía con dinero, ¡ay, las concesiones que se hicieron! – se ha desvanecido ante la contundente evidencia de la Barcelona tomada por las turbas de los CDR en octubre de 2017. No. Los separatistas no quieren dinero, sino romper España. Es mejor, por cierto, no pensar en la Cataluña que dejarían en herencia a sus hijos: separada del resto de España, sumida en un declive fruto de décadas de políticas irresponsables -por ejemplo, el fomento de una pretendida diversidad que diluya la identidad española- y entregada a las organizaciones nacionalistas más violentas.
El gobierno de Pedro Sánchez indultó a los condenados y les dio alas. Con Junqueras, Cuixart y sus compinches libres y organizando conmemoraciones del 1 de octubre, el Estado ha socavado su propia autoridad ante cualquier tribunal. Rehén de los nacionalistas, Sánchez ha debilitado a España para salvarse a sí mismo. La actuación de la abogacía del Estado en el caso de Puigdemont es sólo un ejemplo de cómo, paso a paso, el gobierno ha ido desautorizando la persecución penal de los responsables del 1-O. España está pagando un precio altísimo para que Sánchez se mantenga en el poder.
Se dirá que lo que desautorizó a España fueron los pronunciamientos judiciales en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido y, más recientemente, en Italia. Sin duda, hay que replantear la eficacia de los instrumentos para perseguir a los prófugos, pero no se trata sólo de una cuestión procesal. Durante décadas, los nacionalistas catalanes se han dedicado a la propaganda contra España y, en particular, a acciones de influencia en instancia políticas y judiciales en las que, por cierto, no han estado solos. El estado, cuya política dirige el gobierno, ha combatido esas acciones con una mano atada a la espalda. La tibieza de los sucesivos gobiernos que han ido pasando por la Moncloa a lo largo de más de cuarenta años ha dado a los separatistas una ventaja que han aprovechado. Desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hasta las universidades y los medios de comunicación, los nacionalistas han liderado la construcción del relato.
Ahora Cuixart pretende revestirse el manto blanco de la inocencia y convertirse en un mártir de la desobediencia civil. De nuevo, aprovechan la debilidad de un gobierno cautivo en sus manos. La aplicación del art. 155 de la Constitución en 2017 fue temblorosa. La tolerancia con los nacionalistas hoy es directamente cómplice.
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