El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del 3 % ha requerido documentación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, a la que pertenece TV3, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat en la investigación sobre supuestos pagos de gastos de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cargo de la productora Triacom.
Una decisión, adoptada en un auto del pasado 29 de septiembre, que se ha traducido en un operativo conjunto de la Guardia Civil y los Mossos para tratar de indagar en una supuesta trama de facturación falsa, según informan a Efe fuentes jurídicas, en la que la citada productora habría pagado gastos relativos a la campaña electoral de 2010 de la extinta CDC.
En aquel auto el juez no sólo se dirigía a la Corporación, sino que también efectuaba requerimientos al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a otras entidades como la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el Institut Catalá de Las Empreses Culturas, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, además de a varias sociedades privadas como Mediapro.
El juez Santiago Pedraz quiere conocer "todos los contratos" suscritos entre la Corporación Catalana y la productora Triacom entre 2008 y 2016, además de documentación sobre las normas internas de contratación del ente público o los cargos que desempeñó Josep Oriol Carbó -imputado en la Audiencia.
Requiere también al Departamento de Presidencia de la Generalitat documentación "relacionada con el control y fiscalización" de dos subvenciones de 2013 y 2014 por 60.000 y 65.000 euros, respectivamente; y a la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona para que entregue expedientes de contratación de campañas publicitarias suscritos con Triacom en la época de Xavier Trías, y otros documentos como contratos, facturas y justificantes de pago.
Estas solicitudes se enmarcan dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular de la extinta CDC a través de una estructura en la que se habrían alterado concursos públicos para "dirigir" los mismos hacia empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban "donaciones" a fundaciones ligadas a la formación.
Una trama en la que presuntamente habría entrado en juego Triacom, pues, según la investigación, tanto la productora como Oriol Carbó, en lugar de hacer donaciones, habrían realizado pagos a Joan Manuel Parra, administrador de Hispart, "sustentados en facturación falsa, en compensación de la deuda" que CDC había contraído con dicha empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la campaña electoral de CDC de 2010.
"La cantidad total abonada en beneficio de CDC ascendió aproximadamente a 750.000 euros", indica el auto del juez, que describe el "patrón de actuación" detectado: además de pagar gastos a CDC relativos a dicha campaña, también habría abonado otros gastos particulares de "personas ligadas directa o indirectamente" con la formación, entre las que cita a la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán; o del empresario David Madí, involucrado también en la trama.
En base a todo ello ha ordenado todos estos requerimientos, entre los que también se encuentra una serie de documentación a Triacom, cuya sede ya fue registrada en 2020, como diversos contratos, facturas, su libro diario, presupuestos, informes o memorias en relación a diferentes proyectos.
Pedraz pide facturación, albaranes o cualquier otra documentación que la productora haya emitido o recibido entre 2009 y 2016 en relación a diferentes sociedades, así como su libro diario. De Mediapro quiere documentos relativos a dos programas producidos por Triacom, "El Gran Dictat" y "Fish & Chips", entre 2009 y 2015. Además del juez Pedraz, el Juzgado de instrucción número 1 de Lleida investiga varios casos de supuesta facturación falsa en torno a la citada productora.
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