El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de Ley de la Vivienda en primera lectura, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley "antes de que termine el año".
Tras casi un año de tensa negociación entre los socios de gobierno, el texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales verá este martes la luz, con la regulación de los alquileres entre sus puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario.
El anteproyecto permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas. Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10 % sobre la última renta del contrato anterior, según fuentes conocedoras del texto.
Según el anteproyecto, la declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30 % de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC, señalan las fuentes.
El movimiento de vivienda quiere que la declaración de zona tensionada se pueda pedir solo con que se cumpla una sola de esas dos condiciones, en lugar de las dos simultáneamente. Reclaman también que los municipios tengan autonomía para aprobar la declaración y no dependan de la autorización del correspondiente gobierno regional.
Entre las peticiones que previsiblemente expondrán este lunes frente al Congreso y que grupos parlamentarios como Unidas Podemos y ERC defenderán en forma de enmiendas durante la tramitación de la ley, figura además la eliminación del plazo de 18 meses para la aplicación obligatoria del índice de precios.
Tampoco convence la ley de vivienda a PNV porque "no respeta el marco competencial del País Vasco". Según el partido nacionalista vasco, el Gobierno vasco lleva años marcando sus políticas sociales, como puede ser en vivienda y, por tanto, entienden que "es una buena noticia para los ciudadanos españoles, pero aquí nosotros ya veníamos trabajando desde hace tiempo en esta cuestión".
En el caso de EH Bildu, aunque el partido abertzale desconoce la letra pequeña del texto, considera que "va a ir en la buena dirección". No obstante, ha advertido del riesgo de que se quede "corta" porque lo que se propone es limitar el precio de los alquileres "solo a empresas con más de diez viviendas de alquiles".
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