El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo con el 74,99 % de los votos en las elecciones generales del domingo, según el primer informe divulgado este lunes por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión, acusados de "traición a la patria", Ortega, en el poder desde 2007, partía con ventaja para una nueva reelección junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Con el 49,25 % de las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, el mandatario obtiene una amplia ventaja sobre los demás rivales. En segundo lugar, según el informe leído por la presidenta del CSE, Brenda Rocha, se ubica el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el diputado Walter Martínez, con un 14,4 % de los votos.
Le sigue el también diputado y reverendo Guillermo Osorno, del Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), con el 3,44 % de los votos. En tanto, Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obtiene 3,27; Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE), 2,20 %, y el diputado Mauricio Orué, del Partido Liberal Independiente (PLI), el 1,70 %.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Según el órgano electoral, en la jornada electoral participó el 65,34 % de los nicaragüenses aptos para votar. No obstante, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas fijó en un 81,5 % la abstención.
El Gobierno tilda los comicios de "fraudulentos"
La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda por grupos opositores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), debido a la falta de garantías sobre su transparencia.
El Gobierno de España rechaza los resultados de las elecciones por las "inaceptables y arbitrarias" condiciones en que se celebraron. El Ejecutivo reclama unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses.
Al igual que el resto de países de la Unión Europea y buena parte de la comunidad internacional, el Ejecutivo español constata que los comicios han carecido de las "mínimas garantías democráticas exigibles". En estas circunstancias, el Gobierno rechaza dar "credibilidad y legitimidad" a los resultados que puedan derivarse de este proceso.
El Ejecutivo español considera una "burla" estos comicios y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio.
Denuncia, asimismo, la ausencia de la oposición, al estar sus líderes en prisión, de observadores internacionales y de prensa independiente, con la persecución de periodistas críticos y el veto a los enviados especiales de medios de comunicación internacionales.
El Gobierno de Nicaragua ha instaurado en el país un "régimen represivo y autoritario" amparado por un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes Legislativo y Judicial, controlados por Ortega. Esto se ha traducido en una persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos, hasta el punto de ilegalizar a los partidos opositores, encarcelar a sus principales líderes y precandidatos, todos ellos aún en prisión y privados de sus derechos procesales, y la consiguiente negación de su derecho a participar en unos comicios, a todas luces, "fraudulentos".
El Gobierno de España exige, además, a las autoridades de Nicaragua que pongan en libertad con carácter inmediato e incondicional a todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente y que se anulen sus procesos judiciales; que restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía; y que pongan fin a la represión y el hostigamiento.
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