Las cosas son como vienen. Envueltas en un lenguaje técnico nos resultan extrañas. Pintorescas si contadas con anécdotas. ¿Qué pintadas humanas? de sentimentalismo acabadas. Directas: lo brusco de mal gusto. Elípticos en medio del camino, pasaremos el asunto prístino.
Un sistema de readmisión de la inmigración por parte del estado nacional constituye una parte esencial de la sociedad internacional, tal y como está organizada en la actualidad. Luego, en un mundo migracional unidireccional, tenemos la posibilidad sin alterar de comprobar su efectividad.
En la Unión Europea son tantas las ineficiencias del sistema legal de readmisión de nacionales de “terceros países” (o sea los que no lo son de la Unión, según la denominación propia de la Unión) a través de tratados internacionales jurídicamente vinculantes primero, y recientemente ya sin vinculación, que sirven, en realidad, esta es la cuestión, como incentivo a la inmigración ilegal, según un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
Desde 2008 se han dictado una media de 500.000 órdenes de retorno al año contra nacionales de terceros países por haber entrado o residido en la Unión Europea sin autorización. Sin embargo, solo un 30% de ellos han vuelto efectivamente a sus países de origen. Esa tasa tan baja de efectividad está todavía más abajo, en el 20 %, en el caso de nacionales de aquellos estados que no forman parte geográficamente de la Europa continental, que son precisamente todos aquellos de donde proviene el grueso de la inmigración ilegal.
Los 10 países con más inmigrantes irregulares no retornados durante el período 2014-2018 (a excepción de Siria) fueron, por orden de relevancia: Afganistán, Marruecos, Pakistán, Irak, Argelia, Nigeria, Túnez, India, Bangladés y Guinea. En 2015, el número de cruces irregulares de los pasos fronterizos de la Unión Europea “detectados” aumentó a nada menos que 1,8 millones frente a los 300.000 de 2014. Y es de temer que los datos actualizados sean todavía peores y no digamos que de temer sino de echar a correr, lo mismo da en qué dirección, cómo serán los reales.
Las autoridades nacionales son las competentes en las decisiones de vuelta, que siguen un procedimiento establecido, y son además quienes se encargan de llevar a cabo, después, las operaciones materiales pertinentes. Mientras que, por su parte y a su aire, los terceros países insisten en su prerrogativa de redocumentar a sus ciudadanos y se oponen a utilizar el documento de viaje europeo. Todos los terceros países con negociaciones en curso actualmente se han opuesto a la inclusión de la cláusula NTP (Nacionales Terceros Países) por la que se puede proceder a la devolución de un ilegal, y ello aunque el derecho internacional consuetudinario establece la obligación de cada estado de readmitir a sus propios ciudadanos.
La Union Europea ha celebrado 18 acuerdos de readmisión jurídicamente vinculantes y desde 2016, ha cambiado de tercio y está negociando 6 convenios legalmente no vinculantes, cuyo contenido además, salvo el de Afganistán, es confidencial. En tales convenios, que son más flexibles en cuanto al procedimiento, es de temer que no se haga referencia ni a la protección internacional a los refugiados ni a los derechos humanos. Durante el período 2015-2020, la Unión Europea no ha realizado avances tangibles en ninguno de esos convenios.
Los acuerdos de readmisión son causa de hostilidad pública en los terceros países, lo cual está relacionado con que las remesas enviadas por la diáspora, integrada por inmigrantes legales e ilegales, proporcionan medios de subsistencia a comunidades enteras, son una fuente importante de divisas y superan con mucho la ayuda oficial al desarrollo.
Así las cosas, en resumen y para finalizar, las conclusiones del Informe son que la “voluntad política” es esencial, que no se ha contado con la experiencia adquirida y que no se ha insistido en los puntos clave. Y las recomendaciones: flexibilidad, sinergia e incentividad.
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