A pesar de que la formación proetarra Bildu, uno de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, había pedido a los simpatizantes de la banda armada que cesaran los homenajes a los presos de Eta, una treintena de simpatizantes de Sortu y de la propia formación de Arnaldo Otegui, han recibido este martes entre aplausos a Mikel Albisu 'Antza' a su llegada a los juzgados de San Sebastián.
Entre los convocados estaba el dirigente de esta formación Haimar Altuna, así como históricos líderes de la izquierda 'abertzale' como Rufi Etxeberria y Joxe María Olarra. También actuales responsables de EH Bildu, como la edil donostiarra Reyes Carrere, que se han situado tras una pancarta con el lema "Solución y paz".
El juez Alejandro Abascal, que investiga el asesinato de Gregorio Ordoñez, ha adoptado medidas cautelares para el exdirigente de Eta 'Mikel Antza' y que consisten en la prohibición de salir del país sin autorización del juzgado, retirada de pasaporte y designación de domicilio en España, así como un teléfono de contacto permanente donde pueda ser notificado y citado.
El juez ha adoptado esta decisión tras la vistilla celebrada después del interrogatorio al acusado. En esa comparecencia el fiscal ha solicitado como medida cautelar la designación de domicilio para recibir las notificaciones del juzgado.
En su auto, el juez incluye los criterios que justifican la adopción de estas medidas para el etarra en la causa abierta por el asesinato de Gregorio Ordoñez. El magistrado señala las características estructurales y el funcionamiento de la banda terrorista, en la que destaca la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión de Eta para que se llegue a realizar una acción terrorista.
El magistrado indica “ el relevante papel desempeñado por Miguel Albisu Iriarte en Eta, y más concrEtamente en su comité ejecutivo, en relación con las órdenes para asesinar al Teniente Alcalde de San Sebastián, don Gregorio Ordoñez Fenollar, el 23 de enero de 1995, en la capital guipuzcoana recopilada fundamentalmente en la documentación ocupada en poder de miembros de Eta con ocasión de la detención en España de los integrantes de comandos de acción o por efectuar labores de colaboración con la banda terrorista”.
El juez concluye que no es irracional, “ante la extraordinaria gravedad del delito que se le imputa al encausado y las elevadas penas que pudieran imponerse en sentencia en caso de condena, que el mismo quiera optar por eludir la acción de la justicia y ponerse fuera del alcance de este órgano instructor o del de enjuiciamiento” por lo que el magistrado adopta las medidas cautelares mencionadas.
El magistrado advierte que el incumplimiento de estas medidas, así como la incomparecencia del investigado a cualquier llamamiento judicial sin causa justificada podría suponer la revocación de su situación de libertad y la adopción de la medida de prisión provisional.
Tras su comparecencia, Antza ha abandonado el Palacio de Justicia, donde ha explicado a los periodistas que su "única declaración" ante el juez ha sido recordar que ya fue condenado en Francia a penas de veinte y de cinco años de prisión como miembro de una organización criminal y que esto se trata de un asunto que, según ha comentado "ya está cumplido". Unos minutos antes, Rubén Múgica, abogado de la acusación particular en nombre de la viuda y del hijo de Ordóñez, ha aclarado a los periodistas que realmente Albisu "se ha acogido a su derecho a no declarar", ha leído una nota ante el juez en la que ha asegurado que "las pruebas que hay contra él son el resultado de torturas", ha explicado que "vive poco menos que como el abuelito de Heidi" y ha pedido que "le dejen tranquilo".
Seguidamente, Múgica ha manifestado su opinión personal al respecto para reclamar "un empeño redoblado para que quienes fueron jerarcas y capos de la organización criminal sean juzgados y condenados" también por "inducir a la perpetración de los asesinatos".
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