Hace casi una década, en el contexto de la crisis financiera que afectó de manera muy profunda a nuestro país, el Gobierno de España abordó una de las reformas del mercado de trabajo más ambiciosas de nuestra historia reciente. La aprobación de la reforma laboral fue la primera gran medida del Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de revertir la senda de destrucción de empleo que sufría nuestro país. No podemos olvidar que en aquellos años se perdieron más de 3 millones de afiliados a la Seguridad Social en España y, entre ellos, casi 360.000 autónomos tuvieron que cerrar sus persianas.
El objetivo se cumplió con creces. Las medidas de flexibilidad y de seguridad introducidas en la regulación del mercado de trabajo permitieron, en un primer momento, frenar la destrucción de empleo y, con posterioridad, que la recuperación fuera especialmente intensa en términos de creación de puestos de trabajo. De hecho, desde el inicio de la recuperación y hasta el comienzo de la pandemia se habían creado casi tres millones de empleos y ya no era necesario que la economía creciera por encima del 2% para que se generara empleo.
Ahora estamos inmersos en una nueva crisis global, en esta ocasión provocada por una pandemia mundial, que lejos de remitir se está viendo intensificada por nuevas variantes del temido COVID-19. En este contexto, las empresas y los autónomos lo que necesitan es certidumbre, seguridad jurídica y reglas del juego claras que les permitan competir en un mercado cada vez más global y en una economía intensamente afectada por la pandemia.
Pero el plan de la izquierda, encabezada por una ministra de Unidas Podemos y amparada por un anestesiado presidente del Gobierno, pasaba inicialmente por derogar la última reforma laboral de la ministra Fátima Báñez, aunque esa reforma haya sido precisamente el principal dique de contención de la destrucción de empleo en la actual crisis. Prueba de ello es que se ha recuperado todo el empleo perdido durante el inicio de la pandemia, y estamos en cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, a pesar de que el PIB aún no lo ha hecho.
Pero es que la izquierda de este país no puede soportar que queden vestigios de medidas impulsadas por un partido de signo político distinto al suyo, y la reforma laboral no podía ser una excepción. Por suerte para esos mismos empresarios y para todos los trabajadores, se han cruzado por el camino los fondos europeos, y lo que pretendía ser una derogación o reforma profunda se ha quedado en una mera actualización de la regulación laboral y, de alguna manera, en una oportunidad perdida para seguir adaptando la regulación al contexto actual y a las nuevas formas de trabajo condicionadas por la digitalización.
La buena noticia es que se mantienen la totalidad de las herramientas de flexibilidad interna que introdujo la reforma laboral de 2012 y los mecanismos de mejora de la empleabilidad como el derecho a la formación profesional en el trabajo. También, se mantiene la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, salvo en el aspecto relativo al salario, así como las indemnizaciones por la extinción del contrato de trabajo.
La reforma acordada con los agentes sociales se centra en tan sólo tres aspectos: mayor limitación de la contratación temporal, la derogación de la ultraactividad y la actualización de los conocidos ERTES.
En relación con las medidas referidas a la contratación indefinida y temporal no se altera de forma importante la situación actual. Para seguir reduciendo la elevada temporalidad de nuestro mercado de trabajo, un objetivo compartido por todos pero que no podía convertirse en la excusa para derogar lo que aún funciona o para socavar el éxito de la reforma de 2012, se fomenta el uso del contrato fijo discontinuo, se reduce el número de contratos temporales y se limita a 18 meses la concatenación de este tipo de contratos.
Además, el texto consagra la derogación de la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que se mantendrá la vigencia del convenio colectivo hasta que las partes alcancen un nuevo acuerdo; y actualiza los conocidos ERTES, tan utilizados durante la pandemia, a través del denominado Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
En definitiva, ha ganado la ministra Báñez sin sentarse a negociar. Y que EH Bildu se encuentre "tremendamente decepcionada" con el acuerdo sobre la reforma laboral es la mejor prueba de ello.
Pronto comenzará un nuevo año, y al Gobierno de España le pedimos ya pocas cosas. En mi caso, sólo dos: que deje de bailar La Yenka en su estrategia para combatir la pandemia y que no nos toque lo que funciona. Tampoco parece tanto.
Si (
No(
