De nuevo, la Generalidad ha puesto en marcha una operación para prolongar el incumplimiento de la ley que obliga a que los niños catalanes impartan el 25 por ciento de las asignaturas en castellano, lo que nunca ha ocurrido y los independentistas buscan que nunca ocurra. Después de la sentencia del Tribunal Supremo exigiendo que se cumpla la ley, el Tribunal Superior de Justicia Catalán ha vuelto a requerir a la Generalidad que actúe.
Para seguir ignorando a la Justicia, el Gobierno catalán aprovecha que el presidente se encuentra más débil que nunca después de las chapuzas de Batet en el Congreso para sacar adelante su reforma laboral, el ímpetu de Yolanda Díaz y el batacazo que le espera el domingo en Castilla y León. Momento en que la Generalidad se saca de la manga una propuesta que, para empezar, le ha dado dos meses más de tiempo.
Se trata de poner en la diana al consejero de Educación, Josep González, de responsabilizar ante los tribunales al “ministro” del ramo de todos los desmanes de los independentistas por el incumplimiento reiterado y constante de la sentencia del Tribunal Supremo en los colegios catalanes. El Departamento de Educación de la Generalidad ha enviado un acuse de recibo al TSJC sobre la sentencia y comunica que el "responsable" del cumplimiento de la misma es la propia Consejería. En este punto, se descarga de responsabilidad a profesores y centros ante la ley, después de que algunas asociaciones llamen a la desobediencia.
La cabeza de turco puesta por Aragonés, el pobre consejero González, busca servir de blindaje a los profesores y a los centros que eluden la Justicia y se ensañan con el castellano. Ni los docentes ni las instituciones tendrán responsabilidad alguna por impartir todas y cada una de sus clases en catalán y mirar de reojo o, en algunos casos, a increpar a los niños que hablan en castellano en los recreos. La dictadura lingüística funciona a la perfección y desde siempre.
De momento, la Generalidad sigue adelante con sus planes. Pedro Sánchez, con los escaños de ERC en el aire, no quiere problemas con Cataluña, aunque incumpla cada día la ley del 25 por ciento en una desaforada campaña contra el castellano. Solo el consejero González se prepara para una batalla en los tribunales de la que puede salir inhabilitado. Pero entonces, como ya ha debido prometerle el presidente de la Generalidad, será colocado en un puesto destacado y bien remunerado. Y, como siempre, los independentistas, redoblarán sin pudor su implacable campaña de acoso y derribo a la lengua española.
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