El Banco de España ha publicado las abrumadoras cifras de deuda del sector público a cierre de 2021. Las Administraciones españolas ya deben 1,427 billones de euros, una cantidad que supone el 118,7% del PIB.
Ni el rebote de la economía tras el desastre de 2020, ni la recaudación récord de la que presumía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han logrado embridar el galopante endeudamiento público. El volumen de la deuda, en año de vacas gordas, se incrementó en 81.979 millones de euros.
También conviene resaltar, de entre lo publicado por el Banco de España, que se trata de un problema que ha estallado en los últimos años, pero cuyas consecuencias se dejarán sentir durante muchos años, ya que los títulos a largo plazo suponen el grueso del montante de la deuda: 1,146 billones de euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado la pandemia de covid y la tregua de Bruselas en la vigilancia del sobreendeudamiento del sector público, para emprender una política del más descarado despilfarro. El derroche con el dinero ajeno se ha convertido en la norma para una administración que basa su razón de ser en la colocación y el enchufe, así como en el reparto de dádivas suntuosas.
Es preciso contentar, además, a demasiados socios. El apoyo de podemitas, secesionistas y bildutarras no es gratis, de modo que el presidente Sánchez no escatima en recursos públicos para satisfacer a los partidos que lo sustentan en el poder.
Por el momento, el Banco Central Europeo y la tregua de Bruselas mantienen la hemorragia a raya. Pero mientras la deuda siga aumentando sin control, la soberanía española se fragiliza, la dependencia de capital y organismos ajenos aumenta y el problema crece sobre las espaldas de las generaciones más jóvenes, las principales víctimas de la insensatez sanchista.
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