La intención del gobierno británico de enviar a Ruanda de miles de solicitantes de asilo en el Reino Unido demuestra la deriva de la defensa de los derechos humanos en el viejo continente. Sin embargo, la respuesta del Reino Unido -por surrealista que parezca- ha sido la habitual en una Europa que mantiene en sus fronteras a miles de personas hacinadas en campos de refugiados sufragados con los impuestos de los ciudadanos europeos. En su mayoría, estos miles de personas que esperan entrar en Europa provienen de lugares considerados poco “cercanos” en su cultura o religión, como es el caso de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea. Su situación no entra en ninguna de las campañas políticas europeas y llama la atención la escasa movilización social en defensa de sus derechos.
Occidente mantiene un criterio de clasificación de refugiados de primera y de segunda clase, y la clase asignada depende del interés de los países receptores y no de la emergencia de los solicitantes. Como estamos viendo en estos días, la diferencia en el tratamiento a los refugiados ucranianos, que obtienen su estatuto de asilo en pocos días, frente a los años de espera de otros ciudadanos es escandala, pues todos deberían tener una respuesta rápida a su solicitud.
Cuando estalló el conflicto en Siria miles de ciudadanos ofrecieron viviendas y recursos para acoger a los refugiados que huían de la guerra. Sin embargo, los sucesivos gobiernos en España apostaron únicamente por un modelo de acogida monopolizado por algunas ONG concertadas con el Estado. Resulta contradictorio que el Estado intente controlar la solidaridad, cuando en España hay servicios esenciales como la educación o la sanidad que son gestionados subsidiariamente por la iniciativa privada desde hace décadas.
En el caso de Ucrania, el gobierno español se ha visto desbordado por una avalancha de solicitudes que le ha obligado a acelerar los trámites en la gestión de solicitudes de asilo, pero también ha sido desbordante la solidaridad de miles de ciudadanos que incluso se han desplazado a la frontera del país para traer a refugiados. No cabe duda de que la movilización de la sociedad siempre va por delante de las instituciones y de los gobiernos.
Tras la efusividad de la acogida, queda el desafío de la integración para quienes decidan permanecer en España. A ellos se añade la necesaria atención a quienes provienen de otras guerras que salen menos en los medios de comunicación. En España hay miles de solicitantes de asilo siguen esperando una respuesta a su solicitud para empezar una vida digna.
El Estado tiene ahora la oportunidad de estar a la altura de la sociedad civil, pues si es selectivo en la respuesta a los que huyen de la guerra consentirá que también haya una Ruanda entre nosotros.
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