
En total son 23 aspirantes, aunque la Cámara Alta no está obligada a elegir a los cuatro magistrados de entre ellos si no los considera adecuados. Y en el supuesto de que ninguno obtenga la mayoría suficiente y se abra un segundo proceso de elección, la iniciativa ya no sería autonómica sino que quedaría reservada a los grupos parlamentarios.
El lunes, a las 8 de la tarde, se cierra el plazo para que los parlamentos autonómicos registren sus candidaturas en el Senado, que debe renovar desde hace más de un año a cuatro magistrados del TC incluida la presidencia, que ocupa María Emilia Casas. Ya el martes, la Mesa de la Cámara ordenará los nombres y abrirá el proceso de elección primero en la Comisión de Nombramientos y por último, en el Pleno.
Todas las CCAA salvo las Islas Baleares y Asturias han optado por responder a la iniciativa y elegir dos nombres. No ha sentado bien en el PSOE la propuesta de Hernando por cinco de ellas (Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia) y de Enrique López por otras cuatro (Castilla y León, Madrid, Extremadura y Cantabria), lo que según explican "dificulta" el acuerdo. Los grupos socialistas de los distintos parlamentos autonómicos han registrado por su parte diferentes nombres.

El único grupo parlamentario del PP que ha propuesto candidatos distintos a los dos señalados ha sido el de Galicia, que apostó por dos nombres gallegos que no fueron aceptados por PSdG y BNG. En Cataluña y País Vasco, los 'populares' no hicieron propuesta alguna y en Navarra, UPN, socio en Madrid del PP, ha propuesto ha un letrado del Parlamento foral. En Canarias y Andalucía, el PP apostó por Hernando y López, respectivamente, sin que sus parlamentos los eligieran.
Cruce de críticasSe desconoce cuál va a ser el resultado de las votaciones. La elección se produce por mayoría simple en la Comisión y por mayoría de tres quintos en el Pleno, por lo que 'populares' y socialistas están obligados a entenderse. Si el proceso concluye sin que ningún candidato sea elegido, en una segunda vuelta la iniciativa correspondería en exclusiva a los grupos.
Esta semana, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no adelantó qué pasará porque el asunto no es competencia del Gobierno sino de los grupos parlamentarios, pero opinó que "puede cuestionarse la legitimidad" de los candidatos impulsados por el PP porque cabe deducir, dijo, que "se está impidiendo la pluralidad que quiere la ley".
A las acusaciones, el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, respondía que se está cumpliendo estrictamente el Reglamento de la Cámara y pedía respeto a la decisión "legítima" que ha tomado cada legislativo autonómico.