Acierta Ayuso al rebelarse contra la ley de Educación

Con razón y en defensa de las competencias en educación de la Comunidad que preside, Isabel Díaz Ayuso se ha rebelado contra la imposición de la nueva y nefasta ley del Gobierno que suprime las “notas numéricas” y también en contra de la asignatura de Historia que se centra en el siglo XX, olvidando acontecimientos como el descubrimiento de América. La presidenta de Madrid ya ha anunciado que mantendrá las calificaciones numéricas en las actas de evaluación escolar y que los alumnos estudiarán también los principales hechos históricos anteriores al siglo XIX en el currículo de la ESO.

Según informa “El Mundo”, el protocolo educativo madrileño incluirá los resultados de la evaluación que se relacionarán con las calificaciones, de tal forma que se indicará “insuficiente” para las calificaciones con valores entre 1 y 4, “suficiente” para la calificación con valor 5, “bien” para la calificación con valor 6, “notable” para las calificaciones con valores 7 u 8 y “sobresaliente” para las calificaciones con valores 9 o 10”. La decisión de Ayuso es de sentido común, pues en caso de no existir una calificación sobre los exámenes resulta imposible aprobar o suspender a los alumnos.

También acierta Díaz Ayuso al rebelarse contra la asignatura de Historia. Así, Madrid conservará un enfoque cronológico y lineal de la asignatura, con el aprendizaje de hechos históricos concretos, tanto de la actualidad como del pasado. De modo, que los alumnos de la ESO de Madrid estudiarán la historia de España desde el Románico y la Edad Media hasta la actualidad.

Ante la “rebelión” de Ayuso, el Gobierno tomará las acciones pertinentes para obligar a Madrid a cumplir con la nueva ley. Sin embargo, al estar transferidas las competencias de Educación a las Autonomías no resultará fácil que el Ejecutivo pueda impedir que se mantengan las calificaciones numéricas y que se estudie la Historia de España como corresponde; esto es, en su totalidad.

Más le valdría a Pedro Sánchez obligar a la Generalidad de Cataluña a cumplir con la ley que obliga a los colegios a estudiar un 25 por ciento de las asignaturas en castellano. Pues desde siempre, los separatistas se han negado y siguen negándose a acatar la norma, a pesar de las múltiples sentencias de los tribunales en contra de la actitud del Gobierno catalán.